Las cuentas estatales sobre las que trabaja el equipo de Cristóbal Montoro para remitirlas al Congreso el próximo día 30 incluirán, como mínimo, un recorte de 18.000 millones de euros, una parte del cual, la más pequeña, se afrontará por la vía de los ingresos. Sobre la mesa de Hacienda se han barajado todas las posibilidades, desde un aumento de los impuestos especiales, que nunca se reconocerá, como es lógico, con antelación, hasta una eliminación selectiva de las deducciones fiscales que acompañan a los principales tributos, sobre todo el de Sociedades.
En los Presupuestos prorrogados, este último impuesto va acompañado de unos beneficios fiscales de 3.800 millones de euros. La aportación de los incentivos en el IVA suman casi 17.000 millones, una cifra muy similar al gasto fiscal adosado al Impuesto sobre la Renta. En el caso de los impuestos especiales, las deducciones suman 1.300 millones. En total, una madeja de desgravaciones que ronda los 40.000 millones de euros sobre la que Hacienda trabaja para reducirla sin perjudicar ni al empleo ni a la deteriorada actividad económica.
El Gobierno tiene pensado cumplir su promesa electoral de rebajar de forma selectiva del Impuesto sobre Sociedades a las pequeñas empresas y, al mismo tiempo, está decidido a revisar todo el entramado de ingeniería fiscal que se ha levantado en las dos últimas décadas para disminuir la carga tributaria a las grandes sociedades. La mayoría de estas iniciativas se han sumado presupuesto tras presupuesto en las sucesivas negociaciones con CiU.
El equipo de Hacienda tiene claro que más de un 60% del gasto fiscal vinculado al Impuesto sobre Sociedades lo acaparan las empresas que funcionan en forma de holding y tributan solo por la matriz. Aunque sobre el papel, las grandes empresas tributan a un tipo del 30% y las pequeñas del 25%, la experiencia dice que debido a la ingeniería fiscal que aplican las primeras, su carga tributaria es mucho menor.
La eliminación de estas deducciones en Sociedades tendrá en cuenta, según recuerdan en Hacienda, que la recaudación por este impuesto ha caído desde el inicio de la crisis más de un 60%, hasta los 16.000 millones del ejercicio pasado. Por ello se plantea también una revisión a fondo de los gastos financieros que se consideran deducibles en un abanico amplio de posibilidades como las que ofrecen, por ejemplo, los créditos entre sociedades de un mismo holding empresarial. Muchos de estos beneficios llevan también el sello de CiU, al igual que las ventajas que acompañan a la deducción por doble imposición interna o a la reinversión de los beneficios extraordinarios, aunque en este último caso Hacienda se plantea mantener las deducciones.
Pese al escenario de recesión en el que está instalada España, en el Gobierno se tiene la esperanza de que la recaudación impositiva remonte, a partir del comportamiento de varios indicadores adelantados: las estadísticas de ventas, empleos y salarios de las grandes empresas, con un crecimiento positivo del 1,3%; el índice de gestores de compra, que sube 1,3 puntos y el de sentimiento económico, que aumenta 1,6 puntos. Además, figuran todos los indicadores sectoriales, el de confianza industrial, confianza en la construcción y confianza en los servicios, que han experimentado también una cierta mejoría. Por último, está el indicador sintético de actividad que elabora Economía y que podría crecer el 0,1 entre enero y marzo, frente a una caída del 0,3 en el último trimestre de 2011.
Por la vía del gasto, el ajuste que prepara Hacienda vendrá, en parte, de la eliminación de las subvenciones nominativas y de la posible rebaja de salarios a los altos cargos de la administración.
