Si el actual contexto geopolítico ya estaba penalizando el rendimiento bursátil de la banca, la incertidumbre generada por el Tribunal Supremo por los gastos de la hipoteca ha terminado por dar la puntilla al sector, lo que presiona a aquellas entidades de tamaño medio, cuyo negocio se focaliza en España.
Dejando a un lado a los bancos del Ibex 35, Unicaja y Liberbank son los únicos que cotizan en bolsa y las acciones de ambos se encuentran en mínimos tras caer un 16% y un 12%, respectivamente, tras la sentencia del Alto Tribunal, que con sus idas y venidas respecto a los gastos hipotecarios ofrece un clima de inseguridad jurídica a los inversores.
Las acciones de Unicaja se intercambian cerca del precio que se fijó para su estreno bursátil, en el entorno de los 1,1 euros, mientras que los títulos de Liberbank han caído hasta los 0,38 euros, nivel que no alcanzaban desde la caída de Popular, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se vio obligada a prohibir las posiciones cortas contra el banco.
Los bajos precios de cotización de Unicaja y Liberbank les hace vulnerables a una posible entrada de un accionista no deseado
Esta caída hace que las dos entidades, cuyo valor en bolsa no alcanza los 2.000 millones, sean vulnerables ante la posible entrada a precio de saldo de accionistas no deseados. Además, dificulta –encarece- su acceso al mercado de capitales en un momento en el que a las entidades españolas aún deben captar entre 61.000 y 84.000 millones para completar los colchones de deuda anticrisis requeridos por la normativa comunitaria (MREL), según un informe de BBVA Research.
Aun así, tras la salida a bolsa de Unicaja y la ampliación de capital de 500 millones de Liberbank, ambas entidades defienden que se encuentran en posiciones cómodas de capital, con ratios CET1 fully loaded del 13,5% y del 12,2%, respectivamente. Ibercaja, no obstante, anda algo más justa en este sentido, con una ratio del 11,5%.
Frustra las aspiraciones de Cajamar
Para comprobar la percepción del mercado sobre Cajamar, que no cotiza en bolsa y cuyo capital es todavía más ajustado (11,07% fully loaded), es necesario observar la evolución de sus emisiones de renta fija. En este sentido, la deuda subordinada –de más riesgo- emitida por la entidad cotiza con un descuento de casi el 10% respecto al valor al que fue emitida, con una caída de casi tres puntos desde la sentencia del Tribunal Supremo.
Esta situación ya ha provocado que Cajamar haya tenido que aplazar a finales de la semana pasada una emisión de deuda subordinada que rondaba los 100 millones de euros, pues los inversores le exigían una rentabilidad que la entidad no estaba dispuesta a pagar, según confirmaron fuentes del mercado después de que Expansión adelantara la noticia.
Además, el cierre de los mercados, en el que también influye la situación en Italia y la amenaza proteccionista de Trump, podría complicar la posible operación de compra del negocio español de Caixa Geral, ya que Cajamar tendría que acudir al mercado y ampliar capital para completar la adquisición. No obstante, todo apunta a que el Gobierno de Portugal se decantará por la oferta de Abanca.
La solvencia no corre peligro
Sea como fuere, si finalmente se aplica una retroactividad de cuatro años a los gastos hipotecarios, lo que podría acarrear un impacto de unos 1.700 millones de euros, la solvencia del sector financiero no correría peligro, o al menos así lo defiende Gonzalo López Eguiguren, analista de Mirabaud Securities en España.
En cualquier caso la banca no cede en su postura de que no asumirá ningún tipo de retroactividad, ya que defiende que ha cumplido con el reglamento exigido por ley en todo momento. Por tanto, entienden que si alguien debe devolver este impuesto a los consumidores debe ser Hacienda, lo que podría llegar a comprometer el déficit público.
