Este miércoles, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (Airef) presentó su segundo Estudio de proceso de revisión del gasto, conocido como 'Spending Review', que esta vez ha estado destinado en exclusiva a analizar el gasto público en recetas de oficinas de farmacia.
Durante el año 2017, el gasto público en salud fue de 72. 831 millones de euros, de los que más del 62% se destinaron a gasto en recetas dispensadas en farmacias. Esto implica que de media, España gasta un 0,98% de su PIB en subvencionar medicamentos, mientras que el promedio europeo se encuentra en un 0,67%.
Desde la Airef creen que es posible llevar a cabo una "gestión más eficiente" de este gasto, por lo que han propuesto una serie de medidas con las que estiman que las arcas públicas podrían ahorrarse más de 1.000 millones de euros. Pero ni la industria farmacéutica ni los colegios de farmacéuticos opinan lo mismo.
La subasta nacional, a juicio
El informe presentado ayer por el organismo es extenso y meditado, e incluye numerosas propuestas. Una de las que más polémica ha provocado es la de poner en marcha una subasta de medicamentos a nivel nacional similar a la implementada por la Junta de Andalucía en 2012 por parte del Partido Socialista, de la que ahora el nuevo gobierno andaluz, liderado por el Partido Popular, planea deshacerse.
El principal objetivo de una subasta de medicamentos es ahorrar costes y funciona de la siguiente manera: la Administración licitaría la venta en farmacias de determinados medicamentos cubiertos por la sanidad pública, por los que los laboratorios tendrían que competir entre sí en una puja económica.
El sistema se inspira así en las subastas eléctricas, algo que critican duramente desde el Colegio General de Farmaceúticos (CGOF). Lamentan profundamente "que el modelo de subasta propuesto solo atienda a objetivos de ingeniería financiera energética" y no a las necesidades sanitarias reales de los ciudadanos.
"Subasta y salud es un binomio difícil de entender para nuestros pacientes y nuestros mayores con enfermedades crónicas. Ningún paciente entendería, ni aceptaría, que su medicación dependa del mejor postor en cada momento, porque la salud y los tratamientos farmacológicos no pueden depender de su código postal", alega Jesús Aguilar, presidente del CGOF.
Andalucía ahorró más de 560 millones
Por otro lado, critican que la subasta de medicamentos en Andalucía "ha sido un completo desastre", ya que ha aumentado los problemas de desabastecimiento, algo que la Airef rebate. El organismo explica que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ahorrado 560 millones de euros entre 2012 y 2017, lo que supone un 5,6% de los 10.020 millones de euros reportados por el SAS en ese período.
"Solo el 1,27% de los medicamentos con problemas están seleccionados mediante subastas: de un total de 600 fármacos, solo 8", determinaban ayer. Además, de acuerdo con sus análisis, no existe ninguna diferencia entre las faltas de medicamentos dentro de las subastas que sujetos al modelo convencional.
Lo que sí admite la Airef que este sistema de adjudicación tiene un impacto negativo, pero sobre los beneficios de las farmacias, y en particular, aquellas que más margen obtienen. "No ha habido más porcentaje de cierres de farmacias en Andalucía que en otras CCAA. Ha habido impacto sobre las farmacias grandes, no en las pequeñas", explicaban.
En base a estas premisas, la AIReF apuesta por la implantación del modelo 'andaluz' aunque con modificaciones para "fomentar mayor competencia", como el de precio uniforme y única puja por postor.
Su propuesta recoge igualmente la división de lotes, la duración de 2 años y la inclusión, de forma progresiva y en base a los resultados, de fármacos habituales en patologías leves o moderadas, aquellos con mayor gasto, los que hayan demostrado su utilidad en ahorro en Andalucía y los que no afecten a la industria nacional.
Farmaindustria cree que son medidas "cortoplacistas"
Desde Farmaindustria, la mayor asociación en España de empresas de la industria farmacéutica, creen que las medidas "son de ahorro a corto plazo" y que no tienen en cuenta el impacto "sobre el tejido productivo e innovador del país", refiriéndose a la inversión en I+D que llevan a cabo las farmacéuticas españolas, que es de más de 1.150 millones de euros al año.
Por otro lado, alegan que desde la Airef han la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta, que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018.
