Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional su dictamen pericial sobre Banco Popular, en el que calculan que la entidad resuelta en junio de 2017 debía de haber aflorado pérdidas de unos 960 millones de euros en 2008 y de entre 1.490 millones y 5.000 millones entre los ejercicios 2009 y 2016.
Así consta en el informe incluido ya en la causa penal y elaborado por las consultoras FTI Consulting y Forensic, al que ha tenido acceso Europa Press. El pasado 2 de octubre el último presidente de Banco Popular antes de su caída, Emilio Saracho, inició la ronda de declaraciones de investigados en la fase de instrucción, de la que está al frente el juez José Luis Calama.
El documento, que examina exhaustivamente toda la documentación proporcionada por las autoridades supervisoras, sostiene que en los informes de seguimiento emitidos por el Banco de España y comunicados a la Comisión Ejecutiva de Popular se detectaron déficits recurrentes de provisiones que provocaban que los fondos propios se encontraran sobrevalorados desde 2008. Todas estos problemas fueron comunicados para su corrección sin éxito.
También hace referencia a los informes de seguimiento realizados por el Banco Central Europeo (BCE) cuando a partir del 4 de noviembre de 2014 asumió la responsabilidad de Popular y del resto de entidades más importantes de la zona euro. La autoridad monetaria manifestó entonces la existencia de irregularidades contables significativas similares a las identificadas por el Banco de España entre 2008 y 2013.
De este modo, ya desde el ejercicio 2008, el Banco de España habría informado a Popular de un déficit de provisiones de 2.071 millones de euros, que de haberse tenido en cuenta hubiera arrojado pérdidas de 960 millones de euros, frente a los 1.111 millones de euros de ganancias netas que comunicó al mercado.
Lo mismo ocurriría durante los años siguientes. Frente a un déficit detectado por los supervisores de 2.270 millones de euros en 2009, el banco publicó un beneficio de 780 millones de euros, por lo que los peritos contratados por los fondos calculan que tendría que haber registrado 'números rojos' de 1.490 millones de euros. En 2014, por ejemplo, presentó un beneficio de 330 millones de euros, aunque las irregularidades le habrían colocado en pérdidas de 3.194 millones de euros.
Entre estas irregularidades, se mencionan algunas como la incorrecta clasificación recurrente de los créditos normales, dudosos y subestándar desde 2008, que infraestimaba el riesgo de crédito e infravaloraba la tasa de morosidad. Al mismo tiempo, se apunta a la clasificación errónea de las operaciones refinanciadas reflejadas en los estados financieros de 2011 a 2013, así como a incoherencias en el apunte y valoración de los activos inmobiliarios.
En este último caso, el documento indica que Popular tenía registrados inventarios duplicados o que apuntaba como garantía viviendas cuando en realidad se trataba de suelo o promoción inmobiliaria, lo que suponía una menor asunción al riesgo y, por tanto, la necesidad de dotar por un importe inferior.
Pruebas contundentes
"A la luz de las graves irregularidades contables, podemos concluir que el mencionado déficit de provisiones no puede explicarse simplemente por una diferencia de opinión subjetiva a la hora de determinar el correcto nivel de provisión (...), sino que proporcionan pruebas contundentes de que los estados financieros presentados al mercados y a los inversores se encontraban sustancialmente distorsionados", recoge el dictamen pericial de 220 páginas.
Además, resalta que todas las conclusiones de los informes emitidos por la inspección del Banco de España eran comunicadas a la Comisión Ejecutiva de Popular, por lo que tenían conocimiento "puntual y detallado" de todas las irregularidades. De hecho, el perfil de riesgo supervisor fue creciendo desde 2011 y con prioridad para la inspección de nivel 1 (máximo) hasta 2014, cuando pasó a ser supervisado por el BCE.
SU CORRECCIÓN RESULTARÍA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL CAPITAL
En este orden de cosas, el informe considera que Popular habría incumplido con los requerimientos de capital exigidos a las entidades de crédito en caso de haber corregido todas las irregularidades en sus estados financieros, fundamentalmente a partir de 2011, cuando se volvieron "múltiples, recurrentes y persistentes". "La aplicación de los ajustes hubiera supuesto un deterioro notable de la ratio de solvencia", subraya.
Según un cuadro en el que se expone el efecto de los déficits de provisiones y la falta de consolidación de las irregularidades identificadas por el Banco de España y el BCE, la ratio de capital Tier 1 --que mide la solvencia--, se habría visto reducida desde el 9,9% publicada en 2011, hasta el 7,1%. En 2014, su efecto hubiera sido mayor: del 11,5% comunicado formalmente, hasta el 7,1% según el importe de los ajustes requeridos por los supervisores.
En definitiva, el efecto combinado de estas deficiencias implicó que los estados financieros de Banco Popular no reflejaran su imagen fiel. Todo esto, además, contaminaría la documentación relativa a la ampliación de capital de 2016, según los fondos.
En este sentido, entienden que las pérdidas registradas en el ejercicio 2016, que fueron de un 80% superior a las previstas en el peor de los escenarios en la nota de valores de la ampliación de capital, se debieron a la sistemática clasificación "errónea" y a la ocultación de los préstamos morosos y dudosos, así como a las necesidades de provisiones derivadas de incumplimientos normativos.
Durante la última etapa, entre finales de 2016 y 2017, el informe indica que el deterioro de Popular obedeció a factores endógenos derivados de irregularidades contables, así como al "parcial y tardío" reconocimiento de la magnitud de sus problemas.
