El paso del tiempo ha demostrado que sus comportamientos terminaron siendo miméticos. Ambos conocían el diagnóstico de las irregularidades, la mala praxis que estaban llevando a cabo las entidades, los trapicheos de ingenieria financiera generados alrededor del ladrillo y las preferentes, con su consecuente agujero negro en capital, pero no se atrevieron a cambiar el sistema. Eso sí, una vez abandonado el sillón y, por ende, descargados de responsabilidades, tanto Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el responsable de la debacle de las cajas como gobernador, como Julio Segura, el patrón de la CNMV que permitió la comercialización de estos productos tóxicos, comenzaron a disparar a todo y señalando a todos para exculparse. A Zapatero, Solbes, Salgado... Incluso, se cruzaron reproches entre ellos.
Al igual que el Banco de España contaba con informes de su departamento de inspección, algunos de ellos publicados por este medio, que detallaban cómo algunas entidades (cajas previsiblemente) concedían créditos que no se podrían devolver o las retribuciones de sus directivos se multiplicaban al calor de artificios contables que tapaban la miseria de los números rojos, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se amontonaban también los estudios internos que anunciaban el escándalo de las preferentes. Sin embargo, pocos son tan clarificadores de la estafa que se estaba urdiendo con estos productos tóxicos como el adelantado este viernes por Vozpópuli.
Pese a estar fechado un año después de que la CNMV enviara al sector un informe con recomendaciones de buena comercialización de preferentes y deuda subordinada, el documento del regulador bursátil deja patente una gran moraleja. Perniciosa y abusiva para todos los afectados. Incluso delictiva. Todo el sector, salvo Unicaja y BBK (justo es reconocérselo) que no comercializaron estas bombas financieras, movía entre sus clientes unos productos por encima de su verdadero valor premiando al vendedor frente al comprador, que se hacía cargo de un activo inflado de precio ante la llamada de remuneraciones de entre el 6% y 9% anuales.
Esta avalancha de preferentes, promovidas por el Banco de España, como acusó el propio Segura en su comparecencia de la comisión de investigación sobre las preferentes de las Cortes Valencianas, llegó al tsunami en 2009. Según los datos del informe de la CNMV, en las oficinas de bancos y cajas se colocaron a inversores minoristas durante ese ejercicio un total 16.121 millones entre preferentes (11.352 millones) y deuda subordinada (4.768 millones).
La crisis de Lehman Brothers, el difícil acceso a los mercados, el alto coste de financiación, por encima del 10% en esos momentos... cocinaron el caldo de cultivo para convertir a estos productos tóxicos en la panacea con la que parchear las grietas que ya estaban apareciendo en los ratios de solvencia del sector. Capital rápido, vendido a golpe de argumentario con poca letra mayúscula (la remuneración) y mucha letra pequeña, legible pero inentendible para quien acude a la sucursal a poner al día la famosa cartilla. Una especie de 'colócalo bien y no mires a quién' con una cuantiosa factura para los afectados (12.000 millones en pérdidas) y una ristra de reclamaciones judiciales que rebosan en los juzgados desde Algeciras a Finisterre.
¿Se podría haber evitado?
¿Se podría haber evitado? Escuchando ahora las teorías de Segura o MAFO, parece ser que sí. Quizás hubiera bastado con aplicar la receta contenida en el informe rubricado por Juan Alcaide Guindo, director de Supervisión ESI-ECA, y José María Marcos Bermejo, director general de Entidades. Un documento que encierra 5 claves que podrían haber evitado, o desde luego amortiguado, el impacto económico-social de las preferentes:
1. Las emisiones destinadas a minoristas deberán contar con una entidad proveedora de liquidez que llevará a cabo sus obligaciones en base a un contrato firmado con la entidad emisora que incluya la obligación de cotizar precios de compra y venta.
La CNMV exigió esta condición al sector en 2010. Un año después sólo Popular, Santander, Caja Madrid, Bankinter y BMN, para determinadas emisiones, contaban con otra entidad para proveer de liquidez sus títulos comercializados.
2. Se considera una buena práctica, a efectos de valorar la liquidez de una emisión, que la entidad proveedora de liquidez realice esta actividad a través, de, al menos, una plataforma electrónica multilateral y con una pluralidad de entidades participantes que garantice la correcta formación de precios.
Pues bien, en septiembre de 2011, sólo Santander, Banca Cívica y Popular intermediaban operaciones a través de este canal.
3. Para las emisiones en que la liquidez no se facilite a través de una plataforma electrónica de las señaladas anteriormente, constituye una mala práctica que las entidades proveedoras de liquidez coticen posiciones significativamente alejadas del valor razonable.
Apenas un grupo de tres entidades, formado por BBVA, Sabadell y Caja Madrid, sí realizaban ya en 2011 algún procedimiento o contraste, con objetivo de verificar que el precio se mantiene alineado con el valor teórico. Eso sí, todas ellas mantenían operaciones con precios fijos basados en oferta y demanda.
4. Constituye también una mala práctica la existencia de mecanismos internos de case de operaciones entre clientes minoristas (o entre clientes y la propia entidad) salvo que se gestionen adecuadamente los conflictos de interés existentes en estos casos. Ello se conseguiría cuando se obtenga un mejor o igual resultado para los clientes que el que se obtendría acudiendo a la entidad de liquidez o a la plataforma electrónica multilateral (SEND) o bien cuando se acredite que la transacción se realiza a un precio próximo al valor razonable, en caso de que no exista contrato de liquidez o este se haya agotado.
El informe de la CNMV detecta que, en 2011, un grupo de 22 entidades (17 grupos financieros) utilizan sistemas internos para el case de operaciones en el mercado secundario.
5. Deficiencias en el cumplimiento de la obligación de actuar en mejor interés de los clientes, en particular en aquellos casos en que coexisten varias emisiones con diferenciales muy diferentes e igual precio de cruce, en cuanto se considera que está perjudicando al cliente al que se le permite comprar la emisión con peores condiciones sin advertirle que existe un producto al mismo precio y mejores condiciones económicas.
Como muestra el informe de la CNMV, existen diferencias muy significativas en función del año de emisión. Las emisiones más antiguas (1994-98) corresponde a deuda subordinada con tipos fijos altos (6-9%). Las emisiones entre 1999-2007 son fundamentalmente a tipo variable, con spreads bajos (media 20-30 pb), muy rara vez por encima de 100 pb. El saldo vivo de las emisiones de este período, a 30 de junio de 2011, alcanzaba los 23.520 millones, de los 10.490 millones son productos perpetuos. A partir de 2008, las remuneraciones mejoran de forma significativa. En 2008, regresan los tipos fijos en niveles del 6-7%; en 2009 se produce un número muy importante de emisiones tipo fijo/variable y spreads de más de 300 pb con un máximo de 775 pb, que llegó a ofrecerlo Caja España.
Un último dato para la reflexión. La CNMV reconoce que existe una diferencia significativa en el precio de las emisiones dirigidas a mayoristas, en las que el precio cruzado es significativamente inferior al 100%.
