El sector inmobiliario lamenta la precipitación con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha preparado el real decreto-ley sobre medidas urgentes de alquiler que aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros de este viernes, y advierte de que su contenido podría acelerar la recesión.
"España está afrontando una desaceleración y ojo con las medidas de regulación que se aprueban porque pueden acelerar la caída y la recesión de sectores como el inmobiliario", advierte Alicia Coronil, directora de Economía del Círculo de Empresarios, a quien le preocupan "los cambios políticos en momento de campaña, con poco consenso y poco largo plazo, que se piensan con sesgo electoralista y sin tener en cuenta a los actores implicados".
Comparte con ella la inquietud Concha Osácar, fundadora del fondo inmobiliario español Azora, quien lamenta que el Ejecutivo no se haya reunido con los que han invertido en España para fomentar el mercado de alquiler de viviendas -como Azora, que ofrece 14.000 viviendas en alquiler en el país (el 60% de ellas en Madrid y a precio inferior del de mercado, apunta)-.
"Encima de que invertimos para desarrollar el alquiler se nos pone en una situación discriminatoria", reivindica.
Osácar considera que no hay razón que justifique que el Gobierno legisle utilizando un real decreto-ley. "De una semana a aquí no ha habido una emergencia que obligue a tomar esta medida. Lo lógico es que la tome el próximo gobierno, previa reunión con el sector", destaca.
"Nosotros queremos participar y que las cosas se hagan con reflexión", agrega
Este decreto de alquiler finalmente no incluirá la posibilidad de que las comunidades autónomas o los ayuntamientos puedan topar los precios máximos de los alquileres en las zonas tensionadas, sino que únicamente dará mandato para que se elabore un índice de precios nacional para controlar el mercado.
En base a ese índice, introducirá deducciones de hasta el 80% en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para los propietarios que pongan su vivienda en alquiler por un precio inferior al que determine ese índice, según adelanta Europa Press.
Otra de las medidas que previsiblemente incluirá será la ampliación de los plazos hasta 5 años para los arrendadores particulares y 7 para los inversores institucionales, en los que no se podrá revisar los términos del alquiler, una decisión que la directiva considera "discriminatoria" para los fondos, que habitualmente no son los que alquilan vivienda a las capas más bajas de la sociedad -que son las que necesitan plazos más largos-.
Desarrollar otras zonas
El conjunto de cambios que va a aprobar Sánchez son "tiritas", en su opinión, que no servirán para curar un problema tan grave como el que afronta el mercado español: que debe adaptarse al cambio demográfico para poder adecuar su oferta de alquiler.
Jerónimo Escalera, presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), considera que el índice de precios tiene que servir para que las Administraciones Públicas colaboren a contener el "calentamiento" de precios en algunas zonas pero no poniendo límites, sino desarrollando zonas adyacentes.
El experto explica que si por ejemplos los precios son excesivos en Madrid, el Estado podría "mejorar los servicios de las zonas adyacentes" para atraer población, por ejemplo añadiendo paradas de metro.
Apunta además que hay que fomentar que las viviendas se destinen a alquiler para vivienda y no para vacaciones, y que será positivo si finalmente el Gobierno cambia la legislación y permite que los ayuntamientos utilicen los remanentes de tesorería para construir vivienda social.
"El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, quería construir 1.000 viviendas con el dinero que tiene pero lo tiene paralizado porque el Ministerio de Hacienda no se lo permite. En el Real Decreto-ley que se derogó en el Congreso se incluía como finalidad el aumento del parque de viviendas, y esto se aprobará en este decreto también", señala.
Más suelo público
Otra de las soluciones pasa para por "sacar más suelo público", según José Manuel Góngora, director del centro de Empresas de Negocio Inmobiliario de Madrid de Caixabank, una entidad que destina 500 millones a obra social y cuenta con un parque de 10.000 viviendas, de las que 6.000 son de alquiler asequible (precios por debajo de mercado) y 4.000 ofrecen una renta de 150 euros al mes.
"La solución pasa por mejorar la oferta, sino los precios seguirán subiendo, pero también pasa por mejorar la realidad del mercado laboral", subraya la economista del Círculo de Empresarios, mientras apunta que "con estas elevadas tasas de temporalidad es difícil acceder a la vivienda".
Coronil destaca también que se ha producido un cambio en la sociedad española que afecta al mercado del alquiler, porque cada vez hay más familias unipersonales o uniparentales, lo que incrementa la demanda de viviendas en alquiler mientras que la oferta no se incrementa.
Propone también reformar la ley del suelo, mejorar los trámites burocráticos ("me asombra la lentitud de concesión de licencias para viviendas de venta o alquiler", apostilla) y mejorar los incentivos fiscales para los que asumen un riesgo al poner su vivienda en alquiler.
