"El Estado español no predica con el ejemplo", denuncia el abogado Javier Arauz. "Exige a las empresas privadas que creen empleo estable, mientras abusa de los trabajadores temporales públicos", denuncia en un evento realizado este martes para explicar la situación de la demanda a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que haga fijos a 800.000 trabajadores.
Y este escenario se resolverá entre septiembre y octubre. Aunque en un primer momento se esperaba la valoración del abogado general del TJUE este 11 de julio, finalmente llegará su recomendación sobre como actuar ante esta demanda el próximo 5 de septiembre. Una posición que Arauz prevé que será favorable a su causa y que marcará la sentencia que "se producirá entre finales de septiembre y principios de octubre", afirma el abogado.
Javier Arauz lleva más de 5.000 demandas. Unos casos de interinos que llevan entre 10 y 35 años como trabajadores públicos encadenando contratos temporales sin convertirse en fijos, pese a cubrir puestos estructurales. La mayoría de ellos son empleos estratégicos para el país como el caso de médicos, trabajadores de la justicia, profesores o bomberos.
Como han detallado algunos de los afectados que estaban presentes este martes, su situación temporal provoca discriminaciones como los contratos de guardias hospitalarias, que no tienen salario base, la imposibilidad de solicitar excedencia por cuidado de familiares o de acceder a la tarjeta sanitaria europea de larga duración para los hijos.
Un 31% en Madrid
La irregularidad de esta situación golpea de manera diferente en cada comunidad, explican el abogado. En Madrid, el 31% de los trabajadores públicos madrileños son temporales, sumando interinos y personal laboral. En el caso de la plantilla de médicos se eleva al 39% y llega al 80% en la categoría de médicos de urgencias hospitalarias.
En el caso de Andalucía, la temporalidad se eleva hasta el 50% en la Diputación Provincial de Sevilla o el 48% en el Ayuntamiento de Huelva. Castilla y León, por su parte, tiene al 90% de sus informáticos del servicio de salud pública en situación de temporalidad y el 35% de la enseñanza de secundaria en Melilla es interina.
Riesgo de oposiciones
Las ofertas públicas de empleo pueden expulsar a estos trabajadores temporales, tras más de una década ejerciendo su profesión. Estos exámenes, según explica Javier Arauz, ponen en la misma casilla de salida a nuevos demandantes de empleo como trabajadores que llevan 35 años ejerciendo esa profesión en "injustas" condiciones.
En este sentido, los interinos denuncian que tienen incluso menos posibilidad de lograr esta plaza por la vía de un test genérico, ya que no tiempo para prepararse este examen. "El Estado ha obviado su obligación de convocar oposiciones cada uno o dos años, pasando hasta 18 ejercicios sin hacerlo en algunos casos, y manteniendo su estructura de personal a costa de interinos", denuncia el abogado. "Sin duda, estamos ante un caso de abuso masivo de la temporalidad", concluye.
