En el año de mayores ingresos, y de las más importantes ayudas de los fondos europeos, el Gobierno había previsto gastar una cifra récord de 13.047 millones de euros en inversiones públicas reales. Sánchez anunció que 2022 iba a ser el año de mayor ejecución de esta partida. Sin embargo, según los datos de liquidación de los Presupuestos Generales del Estado, sólo empleó 11.105 millones, es decir, el 85%, una de las tasas más bajas desde la gran crisis económica de 2008. Esto significa que no utilizó casi 2.000 millones (1.943 millones exactamente), convirtiendo de nuevo este capítulo en el habitual ‘colchón’ para compensar desviaciones de gasto de otras partidas. Y, de paso, encajar así las cifras del déficit, en este caso por debajo de las previsiones que había comunicado a Bruselas del 5%.
Además, en los primeros meses de 2023 se observa una actuación incluso inferior a la de 2022, ya que hasta febrero las obligaciones reconocidas netas de gasto en inversiones de los ministerios es del 2,2%, frente al casi 13% del ejercicio precedente. En todo caso, para 2023 el Gobierno tiene presupuestados 11.876 millones, casi un 10% menos que en el año anterior.
La inversión pública, necesaria para modernizar el país y generar actividad, crecimiento y empleo, sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la política económica y presupuestaria en España. Suele ser uno de los capítulos de mayor grado de incumplimiento. Por ejemplo, su porcentaje de gasto liquidado es inferior al 89% del ejecutado en personal, al 97% de los gastos financieros y al 97% de las transferencias corrientes. Es, sin embargo, similar a las transferencias de capital, que suelen utilizarse también para financiar a las empresas públicas en materia de inversión, sobre todo en las autonomías.
La ejecución del Gobierno de Pedro Sánchez de las inversiones reales del 85% en 2022 (con un crecimiento del PIB del 5,5% y un déficit público del 4,8%) se aproxima a la de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2010 sólo llegó al 81% (con un alza del PIB del 0,2% y un déficit público del 9,5%), la tasa más baja de las series estadísticas en estos años. Sánchez se queda a tan sólo un punto del 84% registrado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 (con un alza del PIB del 3% y un déficit público del 4,3%). Este año, la recaudación no fue récord, ni tampoco existían las ayudas europeas del Mecanismo de Recuperación y Resilencia (MRyR).
La inversión pública, necesaria para modernizar el país y generar actividad, crecimiento y empleo, sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la política económica y presupuestaria de los Ejecutivos
El mayor grado de cumplimiento de este presupuesto lo tiene Rajoy en los duros años de las recesiones; es decir, se apoyó en la inversión pública para salir de la crisis y relanzar la economía. Así, por ejemplo, en 2013 llegó al 97,6% y en 2012 superó el 95%. Por su parte, desde que Sánchez llegó a La Moncloa se ha ido reduciendo progresivamente esta tasa, salvo en 2020, año del inicio de la pandemia, que llegó al 92%, pero un año después (en 2021) este gasto se situó en el 85,6% del previsto inicialmente.
En términos de PIB, España es uno de los países de la OCDE que menos se gasta en inversiones reales. En 2022, incluyendo los fondos europeos, los PGE destinaron el 0,8% del PIB, lejos del 1% que utilizó Zapatero en los primeros años de la gran crisis para intentar activar la economía; y lo mismo sucedió en la etapa anterior de Aznar. Con Rajoy se situó en el 0,7% en el primer año en La Moncloa (2012) y después registró una media del 0,5%. Bruselas es consciente de la importancia de las inversiones públicas en las economías europeas en estos momentos y para favorecer el crecimiento estudia la posibilidad de sacar estas partidas del cómputo de déficit.
En todo caso, el mayor incumplimiento en las inversiones reales en 2022 procede de las inversiones reales previstas del MRyR. El Gobierno había previsto un crédito inicial de 1.200 millones procedente de estas ayudas europeas, que luego modificó al alza con más de 700 millones. Pero, de los 1.900 millones de créditos definitivos para inversiones de este Plan sólo ha utilizado unos 550 millones (28%) dejando casi 1.390 millones de remanente. También ha dejado sin emplear 400 millones que tenía previsto para inversiones de reposición en infraestructuras, su funcionamiento operativo y en inversión nueva.
¿En qué se emplea este gasto?
Aunque Podemos ha manifestado a Sánchez en reiteradas ocasiones su descontento, Defensa concentra más de la mitad del total de las inversiones reales y acumuló en 2022 más de 5.700 millones, frente a los 3.900 millones del ejercicio anterior (un 46% más). A lo largo del año, sobre todo desde el inicio de la guerra en Ucrania y del compromiso de Sánchez de incrementar esta partida y la contribución española a la OTAN, se han producido modificaciones de crédito al alza por valor de 2.200 millones.
De esa inversión militar total de 5.700 millones, 2.421 millones se han empleado en el Programa Especial de Modernización de las Fuerzas Armadas y casi otros 1.600 millones corresponden al Plan genérico de Modernización. Destacan también 822 millones dedicados a la inversión para Apoyo Logístico y 716 millones destinados a Gastos Operativos. Las ayudas de los fondos europeos es testimonial ya que sólo hay consignados unos nueve millones para el Plan de Transición Energética.
Defensa concentra más de la mitad del total de las inversiones reales y acumuló en 2022 más de 5.700 millones, un 46% más
Transportes es el segundo ministerio que más crédito tiene para inversión pública. En 2022 gastó 3.500 millones de los 3.800 millones previstos. De ellos, 2.203 millones se han destinado a la creación de infraestructuras de carreteras y más de 1.200 millones han ido a su conservación y explotación. Le siguen: Transición Ecológica, con unos créditos definitivos de 615 millones y unas obligaciones reconocidas de gasto 496 millones (178 millones se han empleado en el Programa de Gestión e Infraestructuras de Agua); Interior, que ha gastado 345 millones de los 549 millones estimados inicialmente; Asuntos Económicos, que ha utilizado 311 millones (264 millones procedentes de las ayudas europeas para modernizar el ministerio) de los 697 millones de los créditos definitivos de que disponía; y, por ejemplo, Justicia, que tenía presupuestados 237 millones y ha consignado 200 millones (139 millones en los Tribunales).
En cuanto al porcentaje del gasto en inversiones realizadas por los ministerios al final del ejercicio sobre los créditos de que disponían, Defensa ha ejecutado del 94% del presupuesto mientras que Transportes ha llegado al 93%; Justicia, al 84%; Transición Ecológica, al 81%; Agricultura, al 80%; y Presidencia ha superado el 72%. En el otro extremo, Derechos Sociales sólo ha dispuesto del 3,6% de los créditos habilitados prevista mientras que: Educación ha llegado al 10%; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha quedado en el 12%; Ciencia e Innovaciones en el 29%; y, por ejemplo, Trabajo ha alcanzado el 39%. Curiosamente, las Cortes (Congreso y Senado) han realizado el 100% de las inversiones previstas (7,1 millones de euros). Es el único organismo del Estado que liquida siempre la totalidad del presupuesto inicial.
