A partir de hoy, todos los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas durante revolución castrista de 1959 podrán presentar demandas contra aquellas multinacionales que operan en lo que antes eran sus terrenos o inmuebles, entre las que se encuentran dos de las cadenas hoteleras más importantes de España, Meliá e Iberostar.
La legislación que permite estos litigios es conocida en Estados Unidos como la ley de Helms-Burton, cuyo procede de los dos políticos estadounidenses que impulsaron la medida, el senador Jesse Helms y el congresista Dan Burton. La medida fue promulgada nada más y nada menos que en 1996, bajo el mandato del demócrata Bill Clinton.
Esta regulación habilita a cualquier ciudadano norteamericano -es fundamental tener en cuenta que la medida fue ideada en su mayoría para los miles de cubanos exiliados a Estados Unidos tras la revolución cubana- a exigir ante los tribunales federales una indemnización por la utilización y el beneficio obtenido de las propiedades que les fueron expropiadas.
Este concepto es denominado por la legislación estadounidense como traficking y podría desencadenar hasta expropiaciones de los terrenos o inmuebles afectados en caso extremo.
No obstante, el texto original incluía una excepción que permite al presidente de Estados Unidos suspender su aplicación por un plazo de seis meses. Tras una demanda de la Unión Europea en 1996 presentada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Clinton se vio obligado a mantener dicha suspensión de manera indefinida.
Desde la salida de Clinton y hasta la llegada de Donald Trump al poder, todos los mandatarios norteamericanos que han pasado por la Casa Blanca han respetado la decisión, por miedo a que se produjera una oleada masiva de reclamaciones y el sistema judicial se colapsase.
Otro de los principales motivos que han mantenido la normativa congelada ha sido el rechazo mantenido por la Unión Europea y otras naciones aliadas, como Canadá, a raíz de sus intereses económicos en Cuba y a la presencia de sus empresas en la isla, que podrían verse afectadas por esta medida.
Presión contra Cuba y Venezuela
Pero el actual mandatario, junto a su equipo, ha decidido dar la espalda a la tendencia seguida por sus predecesores -en especial por Barack Obama, cuyas políticas se centraron en un acercamiento a la nación caribeña- y anunció que activaría después de más de veinte años de los títulos III y IV de la Ley de Helms-Burton.
El objetivo detrás de este giro político no es otro que estrechar el cerco y embargo económico contra Cuba, cuya economía depende en gran medida del turismo extranjero. Mediante la promulgación de la normativa, Estados Unidos conseguiría frenar la inversión extranjera en la isla, que pondría en jaque la permanencia, en este caso, de los hoteles construidos encima de terrenos nacionalizados por Castro en los años 60.
Meliá ha operado siempre legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años en el país
El primer plazo vencía el pasado 17 de abril. A unas pocas horas de la medianoche, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunciaba una nueva prórroga de la suspensión, hasta hoy, 2 de mayo.
Melía e Iberostar, las más afectadas
Pero, ¿cómo afecta exactamente esto a las empresas españolas en la isla? Las dos principales 'víctimas' de la decisión de Trump son las cadenas hoteleras Iberostar y Meliá, que en total cuentan con 53 hoteles en la isla, lo que supone un total de 21.300 habitaciones entre los dos.
Meliá tiene 32 hoteles en el archipiélago, 7 en construcción y unas 15.000 habitaciones, mientras que Iberostar tiene 21 hoteles y 6.300 habitaciones. Por si fuera poco, la hotelera que dirige la familia Fluxá tiene un importante plan de expansión con el que espera aumentar en más de 5.000 habitaciones sus plazas ofertadas en Cuba.
La hotelera dirigida por Gabriel Escarrer emitió hace unos días un comunicado en el que aseguraba que siempre ha “operado siempre legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años en el país”.
Los títulos III y IV de la polémica normativa ofrecen a los particulares y empresas el reclamar bienes confiscados por el castrismo con la condición de que cumplan ciertos requisitos, entre los que se encuentra que empresa o administración contra la que dirige la demanda figure en una lista de "personas restringidas cubanas", formado por más de 200 entidades.
Entre ellas se encuentra el grupo de turismo del Gobierno de Cuba, llamado Gaviota. El rol de esta institución cubana es gestionar la propiedad de los más de ochenta hoteles que tiene y que cede a operadores extranjeros, entre los que se encuentran Meliá e Iberostar. Por tanto, si algún ciudadano estadounidense reclama su propiedad a Gaviota, el impacto sería directamente contra los hoteles españoles.
En ese sentido se ha pronunciado Meliá. “Confirmamos la no-propiedad de Meliá de bienes o participaciones de bienes que pudieran ser objeto de potencial reclamación tras su expropiación en la década de 1960, y afirmamos que, de dirigirse alguna reclamación contra algún hotel, nuestro papel sería el de meros gestores hoteleros”, han asegurado.
