La maquinaria del sector gasista para tratar de minimizar los recortes retributivos de las redes propuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) comienza a tomar velocidad de crucero con la plena implicación de los grandes inversores que están detrás de las principales distribuidoras del sector. La petición por parte de la industria de prolongar los plazos para presentar alegaciones ante el organismo regulador está relacionada, entre otros factores, con la búsqueda de un margen de tiempo suficiente para establecer los contactos necesarios, especialmente en el plano político, con vistas a intentar disminuir el impacto del hachazo.
Tras las primeras reacciones en forma de comunicados, tanto de la patronal Sedigas, como de su homónima del negocio eléctrico, Aelec, ha comenzado el baile de los contactos, con el foco puesto principalmente en dos puntos: la propia CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica. Los inversores comienzan a movilizarse para hacer llegar al Gobierno la idea de que si los notables recortes incluidos en las circulares del regulador se hacen efectivos peligraría la apuesta realizada en su día por los institucionales, bajo un marco retributivo diferente.
Los fondos también presentarán sus planteamientos a la oposición, a la patronal e incluso a los sindicatos en los que, como ya indicó este diario, se han encendido las alarmas sobre las posibles repercusiones que esta circunstancia podría tener en el empleo. De hecho, este miércoles CCOO hizo público que también está preparando alegaciones contra el recorte retributivo propuesto por la CNMC, toda una señal de que el mensaje de los inversores está empezando a calar.
La mayor parte del capital de las empresas distribuidoras de gas está en manos de inversores internacionales procedentes de países como Reino Unido, Canadá, China, Holanda y algunos de la zona de Oriente Medio. Entre ellos figuran varios fondos de pensiones como el holandés PGGM (que gestiona el patrimonio del personal del sector sanitario del país centroeuropeo) y el canadiense CPPIB, relacionado con los trabajadores públicos de diferentes administraciones del país norteamericano.
Gobierno, oposición, patronal...
Las inversiones de estos vehículos suelen estar asociadas a sectores regulados, con ingresos y rentabilidades previsibles con el fin de disminuir al máximo los riesgos. Ante un cambio de panorama radical, muchos de sus comités de inversión tomarán la decisión de buscar el escenario más adecuado en otros lugares, ante la repercusión negativa que tendría una caída de rentabilidad para sus partícipes.
Y no tendrían que ir demasiado lejos. Las otras grandes economías europeas, también implicadas en el proceso de descarbonización y transición energética, ofrecen un esquema retributivo notablemente más favorable. Con un descenso radical de los ingresos, las inversiones en redes gasistas por parte de las compañías del sector quedarían en el aire.
Uno de los focos fundamentales de acción de los fondos está en el Gobierno, toda vez que tiene la potestad de tratar de intervenir en este proceso si considera que las propuestas son contrarias a la política energética que ha fijado. De hecho, el Ejecutivo ya ha respondido de esta forma ante una de las circulares aprobadas anteriormente por la CNMC, referente a los peajes de acceso, con un informe que dará lugar a la correspondiente convocatoria del comité de coordinación.
En este entorno se enmarca la petición del sector de prolongar los plazos para presentar alegaciones ante la CNMC, oficializada este martes en la reunión mantenida por Sedigas con el Ministerio de Transición Ecológica. Además de argumentos como la complejidad de las circulares, la trascendencia de la actualización del marco retributivo y las fechas en las que nos encontramos, el sector busca ganar algo más de tiempo para que el mensaje de alarma llegue a cuantos centros de poder sea posible.
