10.000 millones de euros es el punto del que parte la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la negociación que abordará con Junts para lograr la aprobación de la senda de déficit para 2025, condición sine qua non para sacar adelante unos nuevos Presupuestos. Y el tiempo no juega a su favor.
En menos de tres semanas, el 15 de octubre, vence el plazo que ha dado la Comisión Europea a España para enviar el plan fiscal detallado para los próximos años. El documento que examinará Bruselas debe detallar la hoja de ruta que seguirá el Gobierno desde 2025 para reducir el déficit y la deuda pública, así como las medidas que adoptará para lograrlo.
Este documento, que el Gobierno oculta pese al interés de los organismos económicos nacionales en conocer las medidas que conducirán al cumplimiento de la senda de déficit y deuda, tendrá que modificarse en tiempo récord con los ajustes que adopte el Ministerio de Hacienda en el marco de la negociación con Junts.
Lo único que se conoce son las cifras generales que, por lo que anticipó el Gobierno este martes, cuando elevó sus previsiones económicas, no se plantea modificar. El objetivo es que el déficit público se reduzca al 3% del PIB este año y al 2,5% en 2025, permitiendo al Estado un desfase del 2,4% del PIB y a las comunidades solo del 0,1%.
El partido independentista ha planteado dividir en tres partes iguales el déficit comprometido con Bruselas para 2025. Esto implica dejar más margen a las comunidades autónomas, que pasarían de un déficit del 0,1% al 0,8% del PIB, unos 11.500 millones más. Capacidad de gasto que perderían la Administración Central y la Seguridad Social.
El déficit público y la ayuda del PIB
De esto hay que descontar el 'colchón' que ha generado la revisión al alza del PIB. Al haber crecido este último más de lo previsto, aumenta el margen fiscal sin tocar la senda. Con los anteriores datos de Contabilidad Nacional y previsiones del Gobierno, el déficit se tendría que haberse ubicado en los 38.300 millones en 2025, el 2,5% del PIB.
Tras la revisión de la Contabilidad Nacional del INE y con las nuevas proyecciones de crecimiento del Gobierno para este año y el próximo, esa cifra se eleva automáticamente hasta los 39.400 millones. De esta forma, para situar el déficit público en el 2,5% del PIB, el esfuerzo fiscal que se tendrá que hacer será 1.100 millones inferior a lo previsto.
Una cifra similar, unos 1.800 millones, es el margen adicional que pretende lograr Junts para Cataluña si se concede un tercio del déficit a las CCAA. Pero faltarían otros 10.000 millones para el resto de regiones que tendría que recortar la Administración central. Ese es el encaje que tiene que hacer el Gobierno a contrarreloj, antes de enviar su plan fiscal a Bruselas.
La fecha límite inicial para enviarlo era el 20 de septiembre, pero el Gobierno negoció con la Comisión, como la mayoría de los Estados miembros, posponerla al 15 de octubre. Una vez reciba todos los borradores, el Ejecutivo comunitario los examinará y publicará su evaluación en un plazo de seis semanas, con el 30 de noviembre como fecha límite.
