La Audiencia Nacional está investigando a la compañía farmacéutica Johnson&Johnson por comercializar presuntamente prótesis de cadera defectuosas que han sido implantadas en varios países, entre ellos España, donde hay 1.471 afectados, 40.000 en Europa y 93.000 en todo el mundo.
Las prótesis, que dejaron de implantarse hace nueve años por riesgo para la salud de los enfermos, se distribuyeron en 70 hospitales, ha asegurado a EFE el abogado de los demandantes españoles, Emilio Ortiz.
Los centros sanitarios estaban repartidos en todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Melilla, Navarra y La Rioja, según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps).
La querella criminal que dio origen al caso se presentó en julio de 2017 ante la Audiencia Nacional por un grupo de 64 afectados y en mayo el Juzgado Central de Instrucción número 6 levantó el secreto de la investigación, lo que ha posibilitado que el caso salga a la luz.
En Estados Unidos y Australia las prótesis, denominadas ASR y comercializadas a través de la filial Depuy, se retiraron en 2009 y un año y medio después en Europa.
La Aemps distribuyó a los centros sanitarios el 10 de septiembre de 2010 una alerta en la comunicaba el cese de la implantación de esta prótesis y su retirada del mercado.
Fallos detectados
El problema observado, según señalaba la agencia española en esa alerta, era "el aumento del número de aflojamientos detectados a los cinco de años de implantadas estas prótesis" y el posible desprendimiento de "restos metálicos de la aleación cromo-cobalto a los tejidos circundantes a la prótesis que pueden causar dolor o inflamación".
La alerta se acompañaba de dos cartas de la empresa destinadas a los cirujanos, una con información destinada a los profesionales y otra con información destinada a los pacientes, a transmitir por el médico. En ellas la empresa manifestaba su intención de correr con los gastos derivados del seguimiento y tratamiento de los pacientes, incluida la cirugía de revisión, si fuera necesario.
Dos años más tarde, el 16 de mayo de 2012, la Aemps recomendaba a centros y profesionales sanitarios identificar y realizar un seguimiento de todos los pacientes con estos implantes con superficie de fricción metal-metal, que hasta su retirada habían registrado 29 incidencias en pacientes de España.
El letrado Emilio Ortiz ha precisado que hasta 2017 existía un protocolo por el cual la compañía se hacía cargo de los gastos de la retirada de las prótesis, pero a partir de ese momento "se cerró en banda y ha dejado a gente con el implante que está perdiendo la pierna". Algunas de esas personas, en lista de espera en los hospitales, "se encuentran postradas en el sofá, con fuertes dolores y con morfina", ha asegurado.
Litigio de más de ocho años
Los pacientes españoles llevan más de ocho años litigando en la jurisdicción civil con sentencias a favor y en contra, a pesar de que los demandantes presentaron pruebas periciales de la Universidad Politécnica de Cataluña en las que se demostraban los fallos de las prótesis, ha señalado el letrado.
Ortiz ha precisado que en mayo del 2017, un cirujano y un testigo principal de los procesos judiciales que se llevan a cabo en Estados Unidos se pusieron en contacto con ellos y compartieron una documentación interna de la compañía que sirvió de base para sentencias condenatorias en diferentes países y para la presentación de la querella.
Ese documento acredita que la compañía matriz tenía conocimiento desde el año 2005 "o incluso antes" de que las prótesis tenían riesgo para la salud de las personas. El juez ya ha citado a declarar a tres expresidentes y a un representante legal de la compañía en España.
