Las cifras de paro se han convertido en los últimos meses en el clavo ardiendo al que el Gobierno se aferra para presentar una situación económica que no parece tan dramática como indican la inflación, el bajo crecimiento del PIB o el altísimo endeudamiento público, o vaticinan el Banco de España, la Comisión Europea, el BCE, el FMI o la OCDE.
Los 2.922.991 parados registrados en el mes de mayo pasado en el Servicio Público de Empleo Estatal son la cifra más baja desde octubre de 2008. En los últimos doce meses, el desempleo se ha reducido en 858.259 personas y desde marzo de 2020, cuando el Gobierno decretó el primer estado de alarma por la irrupción de la pandemia, en 625.321.
De los 2,9 millones de desempleados que había en España a cierre del mes de mayo, un 61,3%, alrededor de 1,8 millones, recibe una contraprestación económica por encontrarse en esa situación. Un total de 766.913 personas recibieron como media de los cuatro primeros meses del año (último dato publicado por el SEPE) una prestación contributiva, el 42,8% del total de los perceptores, pero apenas el 26,23% del todos los parados.
El resto cobra el subsidio por desempleo, la renta y el subsidio agrario (ambas, exclusivamente en Andalucía y Extremadura), o la renta activa de inserción, todas ellas vinculadas a su situación de especial vulnerabilidad social y económica. Es decir, algo más de un millón de parados, el 57,2% de los perceptores, recibe una ayuda estatal en forma de subsidio porque o no han cotizado el tiempo suficiente para alcanzar la prestación contributiva o han agotado el tiempo durante el que se puede percibir ésta.
Cuando se analizan detenidamente los datos de los perceptores de la prestación contributiva en función de la edad y del periodo de derecho reconocido se observa que la crisis económica que siguió a la irrupción de la Covid 19 ha modificado notablemente la proporción de personas que ahora disfrutan de ella durante un periodo más largo de tiempo.
Parados con prestación
En los cuatro primeros meses de 2019, cuando la pandemia era una fatídica realidad y la economía española había cerrado la mayor parte de la actividad, en nuestro país un total de 212.542 personas tenían derecho a percibir la prestación durante dos años, el máximo posible. Suponían el 26,94% de todos los que se habían ganado el derecho a cobrar la prestación contributiva. Con los datos del periodo enero-abril del año en curso, hay 252.359 perceptores con el máximo periodo de tiempo reconocido, lo que suponen el 32,9%, de la cifra total (766.913). Son cerca de 40.000 personas más, lo que se traduce en un crecimiento del 18,47%.
Según la interpretación de algunos economistas, el ajuste de plantilla que han llevado a cabo muchas empresas españolas durante estos últimos años se ha hecho, en buena parte, de forma pactada y se ha centrado más en los trabajadores con nóminas más altas y con más años de cotización, por lo que los derechos reconocidos para cobrar la prestación contributiva por desempleo abarcan el periodo máximo legal permitido.
Esta hipótesis se confirma en los datos. En 2019 había un total de 60.769 perceptores de 55 o más años que tenían derecho a cobrar 24 meses de prestación. Tres años después, la cifra ha subido hasta 80.944, lo que supone un aumento del 33,2%.
Mientras en 2019 el 52% de los perceptores tenía derecho como máximo a percibir doce meses de paro, en 2022 el porcentaje se ha reducido al 41,25%. Lo mismo ha sucedido entre quienes pueden cobrar durante 18 meses, que ha descendido del 64,7% al 55,13%.
De acuerdo con los datos del SEPE, el periodo medio de derechos reconocidos a los perceptores de prestaciones contributivas de desempleo era en 2019, como media, de 13,24 meses. En los cuatro primeros meses de este año ha subido a 14,86 meses. La cuantía media que perciben los desempleados también se ha incrementado. De los 27,46 euros brutos diarios de 2019 se ha pasado a los 29,69 euros actuales. En el caso de los hombres, ha subido de los 29,76 euros de 2019 a los 31,84 euros actuales, y en el caso de las mujeres, de 25,22 euros a 27,51.
