Pedro Larena, consejero delegado de Popular entre septiembre de 2016 y abril de 2017, reclama a la filial del Santander el pago de 5,352 millones de euros que le fueron negados en aplicación de determinadas cláusulas de reducción, también conocidas como 'malus'.
Este tipo de cláusulas, introducidas en la política de remuneraciones de Popular antes de que fueran obligatorias, permiten reducir a cero la retribución variable devengada por los consejeros en una serie de supuestos, como que la entidad presente un rendimiento "insuficiente".
En una demanda presentada en un Juzgado de Primera Instancia de Madrid el pasado 20 de octubre, Larena exige a Popular el pago de los 5 millones de euros correspondientes al pacto de no competencia post-contractual durante tres años que figuraba en su contrato, según documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Según fuentes financieras, el proceso judicial se encuentra actualmente en curso, pero en una fase inicial.
Variable
La decisión de Larena, que antes de aterrizar en Popular lideró durante siete años la división internacional de banca comercial de Deutsche Bank, se produjo después de que el banco le negase el cobro de esta compensación en julio de 2017.
En concreto, el consejo de administración de Popular, en su reunión del 19 de julio de 2017--después de su resolución y adquisición por parte de Santander--, decidió no pagar al exconsejero delegado de la entidad esta cantidad al entender que formaba parte de su retribución variable, por lo que estaba sujeta a cláusulas de reducción.
Además, Pedro Larena reclama a la filial de Santander 352.395,26 euros adicionales correspondientes a las aportaciones no realizadas a su plan de pensiones. El contrato del exconsejero delegado con Popular contemplaba una aportación fija anual de 700.000 euros a un sistema de previsión social, si bien la cuantía se reducía un 25%, hasta 525.000 euros en caso de dimisión.
Popular pagó a Larena por este concepto 172.604,74 euros equivalentes a la parte proporcional de los servicios prestados por el directivo en 2017, pues cesó voluntariamente de su cargo a comienzos de abril de ese año. El banco considera que los 352.395,26 euros restantes tienen "carácter de beneficio discrecional de pensión y, en consecuencia, estarían sujetos a cláusulas de reducción y recuperación".
Popular incorporó las cláusulas de reducción (‘malus’) y recuperación (‘clawback’) en su política de retribuciones en el marco de la adaptación de Basilea III al ordenamiento jurídico de la Unión Europea antes de que fuesen de obligado cumplimiento.
Según consta en el informe anual de Banco Popular, la remuneración de Larena en 2017 ascendió a 365.000 euros. Un año antes, el directivo devengó 1,36 millones de euros. De este total, un millón de euros era remuneración variable garantizada que se abonó en el primer trimestre de 2017.
Saracho y Sánchez Asiaín
Los contratos de Emilio Saracho y Francisco Sánchez-Asiaín también incluían compensaciones por no competencia post-contractual --de 1,5 millones de euros en el caso del expresidente y de 900.000 euros en el del sucesor de Larena-- que Santander se ha negado a pagarles. No obstante, ambos directivos no han reclamado su cobro, de momento.
Tampoco han demandado el pago completo de sus planes de pensiones de aportación definida después de que solo hayan percibido la parte proporcional hasta la resolución de la entidad, 73.287,67 euros en el caso de Saracho y 41.091,78 euros en el de Sánchez-Asiaín.
Santander también decidió aplicar cláusulas 'clawback' en los contratos de numerosos exconsejeros. De hecho, el banco cántabro reclama todas las remuneraciones posibles de los antiguos gestores. En especial a Ángel Ron, al que exige el cobro de 12,8 millones en concepto de prejubilación, mientras que al predecesor de Larena, Francisco Gómez le reclama algo más de 9 millones por este mismo motivo.
