El plan de ahorro y eficiencia energética del Gobierno sigue creando polémica dos semanas después de su aprobación. La obligación de no bajar el aire acondicionado de los 27 grados, la exigencia de cierres automáticos de puertas o la imposición de colocar carteles explicativos de las medidas escuecen entre las empresas afectadas. Un sector privado que, de momento, se libra de este plan de ahorro en el resto de Europa.
Alemania, uno de los países más castigados energéticamente tras la invasión rusa de Ucrania, apuesta por concienciar a la ciudadanía y que las administraciones den ejemplo. Las principales ciudades alemanas apagan desde finales de julio las luces de las principales zonas de atracción turística, como monumentos y estatuas. Aunque son decisiones de algunos municipios ante las señales de alerta que emiten desde el Gobierno federal. Algunos han ido más allá y han limitado tanto el alumbrado como la temperatura de los edificios oficiales.
Pero no existe ninguna obligación para el sector privado. La Comisión Europea propone un plan más parecido al alemán que al español en su comunicación titulada: Ahorrar gas para un invierno seguro. “La Comisión insta a todos los estados miembros a poner en marcha campañas de sensibilización pública para fomentar la reducción de la calefacción y la refrigeración a gran escala que contiene numerosas opciones de ahorro a corto plazo. A modo de ejemplo, los estados miembros podrían exigir una reducción selectiva de la calefacción y la refrigeración en los edificios gestionados por las autoridades públicas”, explica el comunicado del pasado 20 de julio.
Francia trabaja en su plan de contingencia. El equipo de Emmanuel Macron, a diferencia de Moncloa, se ha ido de vacaciones sin anunciar sus medidas y sus negocios turísticos operan la temporada alta sin limitaciones energéticas. Aunque todo apunta que, a la vuelta, aprobará recomendaciones específicas para los establecimientos abiertos al público. El borrador que ya ha dejado caer el Ejecutivo francés está en línea con España, aunque sin la contundencia con la que ya se opera en España. No hay que olvidar que Francia tienen establecido por ley desde 2012 que los comercios deben apagar sus luces una hora después del cierre.
El caso de Italia está marcado por la inestabilidad que vive su Gobierno. El ministro de Transición Energética italiano, Roberto Cingolani, ha avanzado en sus entrevistas de este verano que están trabajando en un plan para que municipios y regiones limiten las temperaturas de los establecimientos y reduzcan el alumbrado de los edificios públicos.
Otro de los vecinos europeos, Portugal, se limita a las recomendaciones de la Comisión Europea. Según informaban fuentes del Gobierno portugués a la Agencia EFE, el plan de ahorro que están preparando incluirá medidas para limitar el consumo en edificios de la Administración Pública y una campaña de sensibilización para familias y empresas. Su hoja de ruta se "presentará en breve", aunque todavía se desconoce si finalmente afectará al sector privado como sucede en su vecino ibérico.
El Gobierno ampliará su plan
Mientras el resto de países vecinos ponen ultiman su plan, el Gobierno ya avanza que este paquete de medidas de ahorro e eficiencia energética será ampliado antes del otoño. La propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguraba un día después de su aprobación que en septiembre tomarán "medidas adicionales" para profundizar en el ahorro y la eficiencia energética en línea con el resto de países europeos.
Hasta la fecha, el Ejecutivo mantendrá vigente la limitación de temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados, respectivamente. Su estimación es que cada grado en el que se reduzca la temperatura genere un ahorro del 7 % del consumo. Moncloa también seguirá con la obligación de los cierres automáticos de puertas. Una exigencia que desde el pasado 1 de agosto también afecta a los edificios y locales que se climatizan con energía renovable, que hasta el momento estaban exentos de estas obligaciones.
La tercera pata de las medidas que exige a estos locales y edificios es que incorporen carteles explicativos de las medidas obligatorias de ahorro, en las que también pueden incluir otras medidas que estén adoptando para reducir el consumo energético.
Por último, el Gobierno obliga a los comercios a adelantar la siguiente inspección de eficiencia energética en aquellos edificios obligados a ello cuya última inspección sea anterior al 1 de enero de 2021. De este modo, buscan que, al cierre de 2022, todos los edificios con un consumo relevante de climatización habrán pasado por una inspección de este tipo en los últimos dos años. Un plan que deberán aplicar tanto los edificios de las administraciones públicas como los empresas del sector servicios.
