El envejecimiento de la población es un reto de primer orden para las cuentas públicas. Es más, puede que sea el reto más exigente al que se ha enfrentado el modelo de bienestar español en muchos años. Y es que, si las estimaciones más recientes se cumplen, puede llegar a elevar el gasto público en más de 20.000 millones cada año durante tres décadas y poner en jaque al sistema público español.
Así de claro fue el lunes el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Congreso, donde reconoció que el empleo, por muy favorable que llegue a ser, no será suficiente para sostener las pensiones. Y es que el Banco de España cree que, si se cumplen las previsiones, el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados puede crecer entre 1,5 y 2 puntos durante las próximas tres décadas y alcanzar un máximo superior al 21% en 2050.
Es difícil calcular lo que aumentará cada año porque eso dependerá de cómo evolucione el PIB, pero si tenemos en cuenta el nivel de 2017, 1,2 billones, podríamos decir que el gasto aumentará, al menos, entre 18.000 y 24.000 millones. Son cifras importantes que supondrían un auténtico desafío para las cuentas públicas.
Por eso mismo Linde cree que el empleo no será suficiente, igual que tampoco ha sido suficiente en otros países como Alemania. Sí cree que la aplicación del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, los dos pilares sobre los que pivota la última reforma, garantizarán la reducción del déficit, pero a costa de un fuerte descenso de la tasa de sustitución de las pensiones.
Las pensiones valdrán menos
En otras palabras: las pensiones perderán poder adquisitivo. No bajarán en términos nominales, pero valdrán menos de lo que valen ahora. Ese escenario hace necesario plantearse la necesidad de alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución del sistema y los ingresos necesarios para asegurar la sostenibilidad del sistema.
¿Qué significa eso? Que Linde cree que se pueden plantear iniciativas por la vía del ingreso que permitan mejorar las prestaciones, aunque advierte de que mantener las tasas en el nivel actual, muy elevado en la comparación internacional, exigiría incrementos "muy significativos" de los ingresos del sistema.
En cualquier caso, lo que sí tiene claro el Banco de España es que sería "deseable" que cualquier reforma de las pensiones aumente la transparencia del sistema, refuerce la relación de contribuciones y prestaciones y mantenga un mecanismo de ajuste que garantice el equilibrio financiero.
El Pacto de Toledo sigue atascado, pero quiere entregar sus recomendaciones antes del verano
Las palabras de Linde son muy oportunas ahora que el debate de pensiones está en primer plano. Los pensionistas volvieron a manifestarse este domingo para reclamar pensiones dignas y el Pacto de Toledo sigue trabajando en las recomendaciones que han de guiar la futura reforma y que espera entregar al Gobierno antes del verano.
Sin embargo, el tiempo pasa y las negociaciones avanzan poco. Precisamente la recomendación dos, que incluye la revalorización de las pensiones, es la que está dificultando el acuerdo. El Gobierno está dispuesto a matizar el índice de revalorización actual, que tiene un mínimo del 0,25% que se seguirá aplicando mientras el sistema esté en déficit, pero al PSOE no le vale: quiere volver al IPC.
El problema es que las pensiones ya se llevan cuatro de cada diez euros del gasto total y actualizarlas en función del IPC elevaría el coste en unos 2.000 millones al año. Una cantidad, además, que se consolidaría en el sistema cada ejercicio. Si finalmente se deroga el índice actual y se vuelven a ligar a la inflación, las cifras de Linde podrían incluso quedarse cortas.
