Si finalmente el Gobierno cede ante las exigencias de Unidos Podemos y le garantiza su compromiso de que se puedan fijar topes máximos a los precios de los alquileres -algo que parece muy probable dado que de esa condición depende su apoyo a los Presupuestos Generales- el Ejecutivo se enfrentará a una situación compleja ya que la medida no es tan fácil de llevar a la práctica.
Lo que exige la formación de Pablo Iglesias es que se traspase a los Ayuntamientos la capacidad de limitar los precios de los alquileres cuando consideren que en una zona están tensionados, ¿pero en base a qué decidirán si lo están o no?, ¿qué indicador utilizarán?, ¿lo medirán todos por el mismo rasero?...
Esas son algunas de las incertidumbres que plantea la medida y que están abriendo diferencias entre los distintos ministerios.
Aunque la titular de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó hace unos días el compromiso del Gobierno de llevar a cabo esta medida, ya que necesita sacarla adelante para poder salir exitosa en la presentación de los Presupuestos, en el ministerio de Fomento advierten de que en la práctica no será tan fácil.
En primer lugar porque en España no existe un índice nacional que recoja los precios de los alquileres en todas las ciudades españolas, por lo que normalmente se tiende a utilizar la información que facilitan portales inmobiliarios como Idealista, pero que en verdad sólo informan de los precios de la oferta y no de los precios a los que se firman los contratos.
El Instituto Nacional de Estadística sí incluye los alquileres en la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), pero sólo en cuanto a su incremento o disminución y no en cuanto a los valores absolutos, por lo que lo primero sería crear un índice nacional.
Esta es una de las reinvindicaciones que hace UGT, que este jueves ha compartido con la secretaria general de vivienda, Helena Beunza, esta necesidad de crear un índice para poder partir de datos reales.
Más problemas
Otro de los problemas que plantea la posible reforma es el hecho de que sean los ayuntamientos los que decidan cuándo se deben limitar los precios de los alquileres, ya que no existirá un criterio homogéneo y se podría incurrir en diferencias de criterio que podrían dar lugar a desigualdades.
Por esta razón, UGT considera que sería más apropiado que en caso de que la medida salga adelante sea el Gobierno el que determine unos criterios comunes a todas las comunidades para decidir a partir de qué precio en cada ciudad se considera que los precios son excesivos y deben limitarse.
Al tiempo que Fomento plantea las trabas que existen para esta medida, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ya ha manifestado en más de una ocasión que la decisión escocerá a los fondos que han invertido en el sector en España y con los que ya ha mantenido reuniones sobre el tema.
Fuentes de Economía insisten a Vozpópuli en que "no hay visiones contrapuestas" y que todos los ministerios están dialogando sobre las posibilidades, pero parece que el Gobierno se meterá en un lío si decide seguir adelante con la propuesta.
Aunque Podemos ha fijado esta línea roja, el Gobierno está trabajando también en otras medidas que podrían contribuir a hacer la vivienda y los alquileres más asequibles para los ciudadanos sin necesidad de intervenir directamente en los precios, como por ejemplo a través de la creación de un parqué de viviendas que sin ser sociales se ofrezcan a precios moderados.
Sin embargo, la idea de poder topar los precios es irrenunciable para Podemos y sobre todo para su confluencia catalana de En Comú Podem, pues constituye una de sus puntas de lanza para los ayuntamientos tanto de Madrid como de Barcelona.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la ministra de Hacienda se reúnen este jueves y se espera que del encuentro salga la fórmula que ha elegido el Ejecutivo -previsiblemente ambigua- para hacer ese guiño a Podemos y que el partido de Iglesias pueda apoyar los Presupuestos sin que nadie se lo recrimine.
