La Comisión Europea quiere que las empresas que operan con combustibles fósiles hagan una "contribución solidaria" en los países donde tienen su sede. Una hoja de ruta que aprobó el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea el pasado 30 de septiembre. FuelsEurope, el principal lobby de petroleras europeas donde se integran Repsol y Cepsa, se citaba en Bruselas con el jefe tributario de la Comisión para explicar el castigo que supone esta iniciativa para todo el sector europeo.
FuelsEurope, que representa ante las instituciones de la UE el interés de 38 empresas que fabrican y distribuyen combustibles fósiles, visitaba de forma presencial a Gerassimos Thomas, responsable de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, en pleno debate de los ministros. El tema de su reunión, según describe el registro de grupos de interés de la Comisión, era analizar el "Impacto de la contribución solidaria en la industria de los combustibles fósiles".
Thomas mantuvo este mismo debate dos días antes con ExxonMobil Petroleum & Chemical, la filial europea del gigante petrolero estadounidense. Su debate fue el mismo, pero en su caso fue por conversación telefónica. Tanto la empresa estadounidense como el lobby petrolero europeo dejaron claro al jefe tributario comunitario que este impuesto castiga a la actividad de las empresas de refino tras su esfuerzo con el suministro de hidrocarburos en la tensión con Rusia.
FuelEurope compartía semanas antes con sus socios que, entre otros aspectos, que los años de referencia para el cálculo de este impuesto son especialmente arbitrarios. "La propuesta hace referencia a los beneficios de 2022 en comparación con 2019, 2020 y 2021. Como esto incluye las circunstancias extraordinarias de la pandemia, se necesitará una discusión más profunda sobre lo que representa un período de condiciones comerciales regulares", declaraba en un comunicado.
El lobby ve un ataque a las europeas
El organismo ve en este movimiento de la Comisión Europea un debilitamiento de las empresas de la UE frente a sus competidores externos. Este lobby considera un agravio que el tributo afecte solo a las compañías con sede en la Unión Europea y deje sin afección a los competidores de fuera de la UE.
"En toda la Unión, las medidas de los gobiernos nacionales ya están vigentes en algunos países y es importante garantizar la coherencia entre las medidas de la UE y las nacionales. Esto debería evitar el riesgo de crear condiciones desiguales para las empresas que operan en el mercado energético de la UE y debería evitar formas de doble imposición", denuncia el lobby europeo de Repsol y Cepsa.
La contribución solidaria europea se considera por las empresas un "impuesto extraordinario" a las compañías cuya facturación provenga al menos en un 75% en las actividades de extracción, minería, refino de petróleo o fabricación de productos de hornos de coque. Se podrá aplicar sobre los ejercicios 2022 y/o 2023.
El destino de los fondos está definido en Bruselas. Los Estados miembros pueden gastarlo en apoyar consumidores vulnerables, renovables, eficiencia energética, industria intensiva en energía y proyectos de conexión transfronteriza. La tasa mínima es del 33%, y los Estados miembros podrán aumentarla.
El impuestazo
El impuesto a energéticas fue registrado junto con el de la banca en una proposición de ley de los Grupos del PSOE y Podemos el 28 de julio en el Congreso. Afectará a las que tuvieran una cifra de negocio de más de 1.000 millones en 2019, la gran mayoría, grupos consolidados españoles y extranjeros, un total de 11 que ostentan la condición de operador principal para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a los que sólo se gravará cuando tengan más de un 50% de actividad energética y por su actividad en España y en operaciones con terceros. Este impuesto prevé recaudar 1.500 millones al año y estar vigente en 2023 y 2023.
En la tramitación parlamentaria Hacienda tratará de adaptar la figura a la tasa que prepara la Comisión Europea, que gravará los beneficios un 33%, aunque en la última Cumbre energética de la UE se ha acordado que los Estados miembros tengan bastante libertad.
El pasado jueves, Montero avanzó que el impuesto a grandes fortunas no se tramitará como proyecto de ley, la recomendación de los técnicos dentro del Ministerio de Hacienda para que sea más garantista. El Gobierno volverá a saltarse a Consejo de Estado y lo incluirá como enmienda en la proposición de ley que crea los impuestos a banca y energéticas.
Esta proposición se perfila como un texto fiscal Frankenstein, en el que fiscalistas consultados por Vozpópuli muestran su preocupación con lo que puede salir de la tramitación de unos nuevos impuestos que se prepararon a toda prisa, que no han pasado por el control del Consejo de Estado ni de otros organismos y sobre los que no se ha consultado a los sectores afectados ni a las comunidades autónomas, cuando presentan dudas de doble imposición y constitucionalidad y se prevé una avalancha de pleitos.
Este jueves se prevé que se amplíe el plazo de enmiendas, que no se cerrará definitivamente y se debatirán hasta noviembre. La semana que viene no hay Pleno y antes de que se cierre el plazo y se lleven a la Ponencia, debe debatirse la enmienda de sustitución que ha registrado Ciudadanos, lo que se perfila para el jueves 27 de octubre.
