Los funcionarios de las administraciones públicas tienen deberes. Su principal propósito este 2024 será la ejecución de una cantidad ingente de fondos europeos para enmendar el retraso que ha acumulado el Gobierno durante los tres primeros años del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que arrancó en 2021. 

Hasta ahora la Comisión Europea calcula que nuestro país ha gastado unos 20.000 millones, y sus expectativas para este año son exigentes: otros 20.000 millones antes de que acabe el año. Si España cumpliera, apenas habría ejecutado la mitad del dinero que tiene previsto recibir a fondo perdido (80.000 millones) hasta 2026. 

Según los cálculos de Bruselas, los gastos financiados con subvenciones del MRR por las administraciones públicas se situaron en el 0,2% del PIB en 2021, ascendieron al 0,4% del PIB en 2022 y al 1% del PIB en 2023 (este último dato es una previsión y está pendiente de confirmarse). 

El pasado 11 de diciembre el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró durante su intervención en el Parlamento Europeo que los datos del Gobierno hasta mayo de 2023 reflejaban que "más de 13.000 millones han llegado a los beneficiarios finales". Esto encaja con la estimación realizada de una ejecución de 10.000 millones en los dos primeros años y 5.000 millones al semestre en 2023. 

Fuentes expertas consideran estos datos proporcionados por la Comisión son los más próximos a lo que el Ejecutivo dejó de publicar en septiembre de 2021, la ejecución en términos de contabilidad nacional. El Gobierno sólo informa de obligaciones, compromisos y autorizaciones, que no necesariamente implican un desembolso al destinatario final. 

Dicho de otra manera, el proyecto se ha podido poner en marcha pero, sin embargo, es posible que el dinero no haya salido de las administraciones públicas aún. En base a estos criterios, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, aseguró a finales del pasado año de que se han adjudicado unos 30.000 millones de euros.

20.000 millones en 2024

Este año Bruselas espera que España gaste una cantidad de dinero equivalente al 1,6% del PIB del país (unos 20.000 millones) y en 2025, otro 1% del PIB (cerca de 13.000 millones). De esa forma, se habrán gastado fondos por un 4,26% de PIB a cierre del año que viene (alrededor de 55.000 millones) y solo quedarán 25.000 millones por gastar en 2026.

Sin embargo, hay quien no se muestra tan optimista para 2024. Es el caso del Banco de España, que en sus últimas proyecciones para la economía española publicadas el 19 de diciembre advirtió que los gastos e inversiones avanzan con cierto retraso con respecto a lo que contemplaba en septiembre por el menor dinamismo de las adjudicaciones en los últimos meses.

Prueba de ello es que la inversión empresarial es el único componente del PIB que todavía no ha recuperado los niveles prepandemia, y esto sólo ocurre en España. De este asunto han alertado desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

"Esperamos que la inversión se recupere el año que viene, pero aún hay mucha incertidumbre sobre el impacto de los fondos en la economía", comentó Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico de la AIReF, en un evento organizado por CUNEF y el Instituto Español de Banca y Finanzas el pasado 20 de diciembre.

En este sentido, el Banco de España estima ahora "que el impacto máximo de los fondos Next Generation sobre el nivel de PIB se materializará en los años 2025 y 2026, frente a la senda proyectada en septiembre, que implicaba un impacto máximo en el nivel de PIB en 2024".

Ejecución más allá de 2026

El plazo límite es 2026, pero el Gobierno canalizará 3.580 millones en subvenciones y 76.065 millones en préstamos a través de intermediarios financieros para no perder los fondos. Bruselas descarta la posibilidad de modificar la fecha, por lo que sugirió a los países con más fondos asignados y retrasados en la ejecución que utilizaran este 'truco' y sortear así la fecha del reglamento. 

España es el país que más dinero a fondo perdido recibirá si cumple lo prometido. Los Next Generation EU se conceden a cambio de una serie de hitos y objetivos que se acordaron con el Estado miembro en cuestión en 2021. Esto significa que el Estado puede adelantar parte de los fondos para ejecutar inversiones que, una vez cumplidas, Bruselas financiará.

El Gobierno dividió los 80.000 millones de subvenciones en una decena de tramos asociados a inversiones y reformas y de momento sólo ha pedido una prefinanciación y tres pagos (que suman los 37.000 millones). El cuarto se debía pedir en el primer semestre de 2023, pero se ha retrasado medio año.

A esto se suman otros 83.000 millones en préstamos con condiciones favorables de los que aún no se ha solicitado ni un euro. Está previsto que el primer desembolso se pida en el segundo semestre de este año, alrededor de 15.000 millones. Sin embargo, la mayor parte del dinero llegará ya en 2025 y 2026, cerca de 34.000 millones al año.

Sin embargo, el Banco de España ya ha advertido de que, en base a experiencias previas con los préstamos ICO, es previsible que sólo se pidan la mitad de los préstamos, alrededor de 40.000 millones. También apuntó que, en el momento que entren a la economía española, hay que registrarlos en las cuentas públicas como deuda pública, lo que elevará la ratio deuda/PIB en tres puntos entre 2025 y 2026.

Evaluación clave en febrero 

En febrero de este año, además, la Comisión Europea publicará la primera evaluación de los fondos UE y se apoyará en un estudio externo realizado de forma independiente por un consorcio de consultoras. Como dicta el reglamento, realizará dos: una intermedia, justo en el ecuador de la implementación del programa, y otra ex-post, ya en 2028.

En el informe deberá evaluarse en qué medida se han logrado los objetivos, la eficiencia en la utilización de los recursos y el valor añadido europeo. Se examinará asimismo si siguen siendo pertinentes todos los objetivos y acciones. Gentiloni avanzó también que medirá el impacto que están teniendo los fondos en la economía real, más allá de las transferencias.

Desde la Comisión Europea también detallan a este periódico que la evaluación, así como el estudio externo que lo respaldará, abarca a todos los Estados miembros, entre ellos España. Nuestro país está en el foco al ser el más beneficiado con las subvenciones europeas, alrededor de 80.000 millones, seguido de Italia.

Por su parte, la Comisión lleva meses recabando información para realizar esta evaluación, incluida la opinión de ciudadanos y empresas. El pasado mes de marzo un cuestionario de consulta pública para esta evaluación intermedia del Fondo de Recuperación y Resiliencia en el que se preguntaba por la visibilidad de los fondos y el alcance de los mismos.

Falta de transparencia con los fondos UE

La dificultades para acceder a la información y evaluar la implementación de los fondos europeos ha sido motivo de crítica desde el inicio del Plan. La AIReF ha destacado este asunto en varias ocasiones. "Ya vamos por el tercer año de ejecución y todavía hay lagunas importantes. No tenemos información para analizar el ritmo al que los recursos están llegando a la economía real", comentó Gordo durante el citado evento.

El pasado 1 diciembre el Gobierno publicó, ocho meses después de lo que debía y un mes y medio después del ultimátum de Bruselas, la lista de los 100 mayores receptores de estos fondos. Ha sido el penúltimo país en hacerlo, sólo por detrás de Luxemburgo. Todos los Estados miembros están obligados a difundirlas dos veces al año desde febrero de este año, tal y como adelantó en exclusiva Vozpópuli.

Esta medida de transparencia, impulsada por la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva, desveló que el 60% de los beneficiarios son entes públicos, que además copan el 88% del dinero. Esto es algo que ya habían anticipado los comisarios europeos que podía ocurrir, pues se entiende como beneficiario final a la entidad que recibe los fondos para un proyecto, no al contratista o subcontratista que lo ejecuta.

Sin embargo, se espera que el fuerte incremento de la inversión a lo largo de este año reduzca el peso de la administración pública como beneficiaria del dinero, tal y como apuntó el Instituto de Estudios Económicos, think tank de CEOE, en su último informe de coyuntura económica. En base al espíritu inicial de este Plan de Recuperación tras el duro golpe de las pandemia, deberían ser las empresas las principales receptoras de los fondos. 

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