El 'Gran Hermano' que prepara Fernando Grande-Marlaska para tener más información de los turistas que visitan nuestro país con el fin de evitar el terrorismo y la delincuencia sigue adelante. Con matices, pero sigue adelante.
El que es considerado uno de los sectores más potentes para España -el turístico- lleva años tratando de frenar la entrada en vigor del Real Decreto, porque el sistema tecnológico de introducción de información supone más tiempo en la operativa de negocio y socava la rentabilidad, según las empresas del ramo, que añaden que la plataforma tecnológica a la que se ha de subir la misma no funciona correctamente.
Las presiones de las grandes patronales de las agencias como FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas), UNAV (Unión Empresarial de Agencias de Viajes) y ACAVE (Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas) han conseguido ampliar la prórroga hasta el 2 de diciembre. Además, han empujado al ministro a abrir la mano y que no se soliciten datos adicionales a los que se han pedido históricamente. Sin embargo, las agencias y empresas de alquiler de coches, exentas de facilitar información de los viajeros a Interior hasta la fecha, tendrán que hacerlo a partir del 2 de diciembre.
La interpretación verbal realizada por el Ministerio se aleja de lo establecido en la normativa, situando a las agencias de viajes españolas en una clara situación de desventaja competitivaCarta abierta de las grandes patronales de las agencias de viajes
Una medida con la que las agencias no están de acuerdo, como es obvio, y que tendrá impacto en "miles de empresas" en nuestro país, según fuentes del sector de total solvencia, que verán muy mermada su rentabilidad. En muchos casos, además, se trata de pymes de pequeño y mediano tamaño, con menos recursos que las grandes para afrontar estos retos tecnológicos.
"Se obligará a las agencias y empresas de alquiler de vehículos sin conductor a facilitar datos como el número de bastidor del coche, la numeración de la tarjeta de crédito, forma de pago, número de habitación del hotel en el que se alojará quien contrate el viaje, además de otros muchos datos de los que no vamos a disponer. Se trata de algo que puede vulnerar las leyes de Protección de Datos", aseguraba hace unos días César Gutiérrez Calvo, presidente de Fetave, a este diario.
Las agencias no se fían de Marlaska
Por su parte, las grandes patronales, en una carta conjunta y abierta, destacaron que "el Ministerio del Interior se comprometió verbalmente a no solicitar más datos de los que hasta ahora ya se obtienen, pero teniendo en cuenta que las agencias de viajes hasta ahora no tenían ninguna obligación de comunicar datos, la situación continúa siendo igual de negativa para nuestro sector", y añaden que "también es importante destacar que se trata de un compromiso verbal y al no existir ninguna Orden Ministerial que limite el alcance del Real Decreto, las empresas se sitúan en una clara posición de inseguridad jurídica, pues las obligaciones del Real Decreto continúan siendo vigentes".
No estarán obligadas las agencias extranjeras
Otras fuentes explican a Vozpópuli que existe una clara discriminación respecto a las agencias nacionales porque a las de fuera de España no se les reclamará esta información. "Por no hablar de que parece una medida absurda si se hace en aras de la seguridad. Se pide información del viajero a las empresas nacionales pero no a las de fuera. No tiene ningún sentido".
En la carta abierta, las grandes patronales del sector recalcan estas idea al apuntar que se produce una "situación de discriminación" respecto a los tour operadores extranjeros, pues "según manifestó el Ministerio del Interior en dicha reunión la obligación de comunicación de las reservas sólo afecta a las agencias de viajes con domicilio social en España y no a los tour operadores extranjeros que no disponen de domicilio en España".
El Real Decreto establece que los sujetos obligados a la facilitación de datos de viajeros son los operadores turísticos que operan como intermediarios en la reserva entre el alojamiento o la empresa del vehículos de alquiler y el viajero, sin realizar distinciones en función de la nacionalidad de estos operadores. En la misiva, a este respecto, las patronales aseguran que "la interpretación verbal realizada por el Ministerio se aleja claramente de lo establecido en la normativa, situando a las agencias de viajes españolas en una clara situación de desventaja competitiva".
