La delegación de competencias de los ayuntamientos a las Diputaciones provinciales conllevará un "déficit democrático de primera magnitud", dado que son instancias no elegidas directamente por los ciudadanos además de poner en cuestión el papel de los alcaldes y concejales si los servicios municipales son asumidos por otra instancia local. Un estudio defiende que el impacto de la reforma puede ser "literalmente dramático" para las plantillas municipales.