La agencia de calificación de riesgo Fitch cree que las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar la factura de la luz de los consumidores colocan a las grandes eléctricas españolas en una clara situación de "desventaja competitiva" respecto a sus homólogas europeas.
En un informe publicado este viernes, Fitch añade que el paquete de medidas del Ejecutivo demuestra el grado de intervencionismo político al que está expuesto el sector energético en España, y empeora la visión de la agencia sobre el marco regulatorio nacional.
Además, la ausencia de medidas similares en los países del entorno empeora el posicionamiento del marco regulatorio español y provoca que las grandes eléctricas nacionales tengan una posición competitiva de desventaja con el resto de empresas energéticas europeas, según la fuente.
La agencia cifra en 2.600 millones de euros el impacto que puede tener en los beneficios de las empresas del sector la medida aprobada por el Gobierno para limitar los beneficios extraordinarios que están obteniendo en el mercado eléctrico determinadas instalaciones como consecuencia de los altos precios del gas.
Concretamente, y siempre según los cálculos de Fitch, si el precio del gas natural se sitúa en niveles cercanos a 60 euros el megavatio hora (MWh), las eléctricas españolas dejarán de ganar 2.600 millones, mientras que si el precio de esta materia prima aumenta hasta 70 euros/MWh, el impacto se acercaría a 3.300 millones.
Recorte de beneficios
Con la primera estimación de Fitch (precio del gas a 60 euros/MWh), la agencia apunta que las compañías más afectadas serán Iberdrola y Endesa, que asumirán un 39 % y un 36 %, respectivamente, del recorte de beneficios del sector, seguidas de Naturgy (8%), EDP (3%) y Acciona Energía (1%).
Tanto Iberdrola como Endesa se enfrentan a un recorte de hasta 1.000 millones de euros en beneficios por las medidas aprobadas por el Gobierno, según la fuente.
Sin embargo, Fitch recuerda que toda la electricidad afectada por esta nueva norma ya está comprometida en contratos de suministro o de compraventa de energía (PPAs) suscritos a precios que no incluyen la reciente escalada del mercado mayorista, por lo que las instalaciones afectadas se verán obligadas a vender a pérdida.
La agencia advierte también de que estas medidas ponen en riesgo las inversiones necesarias para lograr los objetivos de la transición energética en España, y asegura que, pese a que otros países vecinos podrían llevar a cabo acciones similares en el futuro, las medidas tomadas en España son las más "invasoras" hasta la fecha.
