Este martes se celebra la Diada 2018, un nuevo Día de Cataluña. Esta vez, el leitmotiv de la manifestación girará en torno a los temas que han copado parte de la actualidad de las últimas semanas: los lazos amarillos y los presos del procés. La financiación quedará en un segundo plano, a pesar de haber sido siempre uno de los caballos de batalla de los catalanes. ¿Pero qué pasa con las cifras? ¿Está Cataluña tan infrafinanciada como creen? Lo cierto es que los ingresos de la comunidad procedentes del sistema de financiación han mejorado un 8% desde que empezó el procés.
En 2017, el año que se celebró el referéndum ilegal del 1 de octubre, la comunidad recibió 18.842 millones del sistema financiación: 16.963 en entregas a cuenta y 1.879 millones por la liquidación del año 2015. Para este año, los recursos han mejorado un 2,4%, hasta 19.294 millones: 17.648 por las entregas a cuenta y 1.646 por la liquidación del año 2016. Y en 2019 recibirá 20.282,7 millones: 19.019 por las entregas a cuenta y 1.263 por la previsión de liquidación del año 2017. Eso supone que entre 2017 y 2019, la financiación de Cataluña habrá mejorado un 8%.
Las cifras salen del controvertido sistema de financiación autonómica, tan criticado durante los años de crisis. De hecho, el sistema está pendiente de una reforma que no acaba de llegar y que los gobiernos que van pasando por La Moncloa no hacen más que posponer. Mariano Rajoy quiso hacerla ya en el año 2015, pero fue retrasando sus compromisos por la falta de recursos. "No hay dinero", llegó a decir en alguna ocasión Cristóbal Montoro, que ocupó la cartera de Hacienda en los Ejecutivos de Rajoy.
Y el PSOE renunció a los pocos días de acceder al poder a hacer su propia reforma. Pedro Sánchez fue investido el 1 de junio y 18 días después, el 19 de junio, reconoció que no había tiempo para reformar la financiación. Aunque los socialista no descartan pequeños ajustes para mejorar la situación de las comunidades que salen peor paradas.
Una reforma complicada
Lo cierto es que no es una reforma fácil. El sistema de financiación es el que reparte el dinero entre las comunidades para que puedan prestar servicios esenciales a sus ciudadanos: sanidad, educación y servicios sociales. La última reforma la planteó el Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 con una oferta difícil de rechazar: 11.000 millones más para repartir. Eso sí, los problemas de opacidad y complejidad del sistema quedaron sin resolver o incluso empeoraron.
Aún así, lo cierto es que las quejas de las comunidades se han moderado ahora que la propia recuperación está haciendo que los recursos impositivos mejoren y que, por tanto, las aportaciones del Gobierno a las comunidades también mejoren. En 2019, recibirán más dinero que nunca del sistema de financiación. Y Cataluña, en concreto, volverá a liderar el ranking y registrará uno de los mayores aumentos de los recurso: ¡un 5% más que en 2018.
La cantidad a repartir está en máximos y eso es bueno, pero hay figuras que siguen sin recaudar lo que obtenían en la época del boom inmobiliario. Y por eso las comunidades siguen reclamando más recursos. De hecho, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue consejera de Hacienda Andalucía durante antes de llegar al Ejecutivo, pedía entonces 16.000 millones más para las regiones. Ahora que ha llegado a la sede del Ministerio en Alcalá 9 no tiene tan claro este planteamiento.
Montero tenía una propuesta para reforma el sistema cuando aún era consejera de Hacienda de Andalucía
No era la única propuesta de la ministra. Proponía también que los recursos del sistema se fijaran a partir de la estimación de las necesidades reales de gasto de cada comunidad. Para esto, la población debe ser la variable decisiva en la distribución de recursos. Tal y como explicó en su día Montero, la población ajustada debe aproximarse a la población de derecho, con una ponderación que tiene que incluir variables como la insularidad y la dispersión geográfica, por ejemplo, pero sin penalizar a la población real.
Esto por ejemplo, supondría incluir variables en el nuevo sistema que ahora no se computan, como el gasto en educación y en protección social, ampliando el tramo de población a efectos educativos, incluyendo a dependientes y teniendo en cuenta la tasa de paro y la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Estas variables, según la propuesta de la andaluza, permitirían un acercamiento a las necesidades reales de gasto en los servicios públicos fundamentales en cada región.
Dos fondos
Para simplificar el modelo, Montero propuso en su día sustituir los fondos actuales del sistema por dos nuevos y únicos: el de financiación de servicios públicos y el de desarrollo de las autonomías para financiar el resto de competencias. El primero sería como el actual fondo de garantía y el segundo sustituiría a los fondos de suficiencia, de cooperación y de competitividad. También se distribuiría en función de la población, lo que permitiría mejorar la nivelación total. Es decir, igualar la financiación per cápita en las regiones.
Eso sí, para financiar el primero de los fondos y, al mismo tiempo, mejorar la corresponsabilidad fiscal, Montero proponía ampliar el incremento de la participación de las distintas comunidades autónomas en la recaudación del IVA e Impuestos Especiales hasta el 75% y mantener la participación en el IRPF en el 50% como hasta ahora.
