Meliá es una de las empresas españolas golpeadas por la Ley Helms-Burton con el veto a su CEO, Gabriel Escarrer, pero podría no ser la única. La ley fue promulgada por Bill Clinton en marzo de 1996, pero su título III, que permite demandar a las empresas que presuntamente se han beneficiado de las propiedades confiscadas en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder, permanecía suspendido hasta mayo de 2019, cuando el Ejecutivo de Trump decidió activarlo.
Fue entonces cuando algunas de las reclamaciones que se habían presentado ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (FCSC, por sus siglas en inglés) comenzaron a llegar a los tribunales norteamericanos, provocando un aluvión de demandas -o avisos de posibles demandas- contra empresas, muchas de ellas europeas y españolas.
Por otro lado, el título IV de la citada ley permite expulsar del país o prohibir la entrada a los representantes extranjeros de empresas que "hayan confiscado bienes de nacionales estadounidenses o traficado con dichos bienes" en el país caribeño. Este sí ha estado activo durante todos estos años, pero no se había utilizado hasta ahora con Meliá, como avanzó Vozpópuli hace unos días, siendo en abril de 2019 cuando el Gobierno de Trump anunció que se darían pasos claros para su implementación.
NH o BBVA, en el foco
La cuestión es, entonces, quién puede ser susceptible de este veto. Según indica Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y responsable del Cuban desk de la firma, no es necesario que las empresas hayan sido demandadas en los tribunales norteamericanos. Basta con que exista una reclamación para que EEUU pueda aplicarla. Y, según datos a los que ha tenido acceso este medio, hay al menos otras cinco empresas españolas contra las que se han presentado reclamaciones de este tipo: las aerolíneas Iberia y Air Europa, el banco BBVA y las hoteleras NH e Iberostar.
NH ya ha sido demandada en Estados Unidos por este asunto. Los familiares de Julius J. Shepard reclaman una compensación millonaria por la gestión del hotel Capri en La Habana (Cuba), sobre el que tenía un derecho de explotación su antecesor pero le fue expropiado por el Gobierno de Fidel Castro antes de que venciese. Lo mismo ocurre con BBVA que, tal y como adelantó Vozpópuli, tiene un pleito abierto en un juzgado de Florida junto a otros tres bancos por "traficar" con una entidad bancaria que fue confiscada a una familia cubana tras el triunfo de la Revolución de 1959.
Por otra parte, Iberostar, Air Europa e Iberia han recibido avisos de posibles demandas, las dos últimas por el uso de las pistas del aeropuerto José Martí (La Habana) al amparo del artículo III de la Helms-Burton, pero nunca se han llegado a hacer efectivas ante la dificultad para pleitear con compañías que no son americanas y por la reciente compra de Air Europa por parte de Iberia, según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli.
Sin embargo, el hecho de que exista una reclamación de cesar sus actividades y compensar a los afectados también las pone en el foco de la aplicación del artículo IV, según las citadas fuentes. Esto permitiría a la Secretaría de Estado de EEUU incluir en una 'lista negra' a sus máximos representantes si no acceden a renunciar a sus cargos ejecutivos, a sus acciones o a negociar con los demandantes, aunque no existan reclamaciones previstas en la FCSC. Además, el veto es extensible a los familiares más cercanos de cada uno de estos directivos, como el cónyuge o los hijos menores de edad.
Este medio se ha puesto en contacto con las cinco empresas mencionadas y casi todas aseguran no haber recibido ninguna carta similar a la de Meliá. Iberostar ha emitido un comunicado en el que asegura que "está en permanente contacto tanto con las autoridades españolas como europeas, y ha dispuesto las medidas de protección necesarias frente a eventuales efectos de la Ley Helms-Burton". Tras ser preguntada en varias ocasiones, BBVA no ha querido dar detalles sobre el asunto. Iberia tampoco se ha manifestado.
