El plan para que las agencias privadas de colocación puedan reinsertar parados encuentra un obstáculo tras otro. Hasta el punto de que el Ministerio de Empleo podría enfrentarse a recursos de algunas de las empresas por haber cambiado presuntamente los términos del concurso a posteriori.
Todo comenzó en agosto de 2013, cuando por fin el antiguo INEM, el Servicio Estatal Público de Empleo, convocó el acuerdo marco en el que se seleccionaban las agencias que se encargarían de colocar desempleados, siempre cobrando de acuerdo con sus resultados.
En la primavera de 2014, el SEPE designó en total a 80 compañías. Sin embargo, la lista de empresas escogidas provocó el enfado de las grandes agrupadas en la patronal Asempleo. Entre ellas nombres tan prestigiosos como Manpower, Randstad, Adecco o Eulen. Juntas se dirigieron al Ministerio para quejarse de las condiciones. En su opinión, había demasiados chiringuitos seleccionados, precios muy bajos y pocas cantidades de parados que colocar. En tales circunstancias, no les compensaba y amenazaron con boicotear la convocatoria.
Sin estas empresas en el concurso, la iniciativa perdía toda la credibilidad. Así que el Ministerio les contestó que no se preocupasen y que se diseñaría un concurso a la medida de las grandes que además sirviese de modelo para las Comunidades Autónomas, las cuales están paradas y no saben todavía muy bien como desarrollar el modelo.
En agosto de este año, el SEPE sólo invitó a unas 40 empresas de las 80 justificándolo en que debían tener presencia en más de una Comunidad y no funcionar exclusivamente online. Además, se introduce como criterio muy importante en la ponderación que cuenten con muchos puntos de atención e información al público, requisito que en un principio cumplirían con mejor nota las grandes. Sin embargo, hete aquí la sorpresa cuando entre las empresas con mayores puntuaciones aparecen varias pequeñas y medianas, alguna con hasta 300 puntos de información...
¿Y cómo pudo ocurrir semejante tiro en el pie? Pues porque en el pliego se especifica la necesidad de contar con puntos de atención y no oficinas propias. De modo que muchas de las pequeñas y medianas se movilizaron y suscribieron acuerdos por todo el país con otras sociedades. Básicamente, pedían prácticamente a cualquiera que tuviese un centro físico que se lo cediesen por un precio en el supuesto de que lograran el concurso.
El enfado de las grandes ETT se recrudece y la convocatoria se paraliza. El fiasco se completa. Pese a haberse diseñado para que lo ganen las grandes, éstas son inesperadamente superadas por las pequeñas y medianas. Empleo se ve forzado a detenerlo todo y replantear la convocatoria.
Hasta que hace un mes las grandes reanudaron la presión y filtraron una lista de resultados que las incluía entre las ganadoras sin que el Ministerio hubiese resuelto todavía qué hacer. Al parecer, el Gobierno se retrasó porque preparaba un informe jurídico de los abogados del Estado que lo respaldase en la nueva decisión. Y ahora, varias semanas después, el Ministerio ha comenzado a publicar el resultado de los seis lotes divididos por zonas geográficas tras haber hecho un ajuste que de nuevo beneficia a las grandes. En resumen, según las fuentes consultadas se decide reevaluar los centros físicos reinterpretando los criterios, de forma que se eliminan empresas del listado y se revisan las puntuaciones.
Las pequeñas y medianas que tenían muchos puntos quedan ahora relegadas. Sin embargo, en estos momentos amenazan con recurrir y bloquear todo el proceso. Se corre el riesgo de que un modelo de colaboración público-privada muy extendido en toda Europa se empantane justo cuando más se necesita. No en vano, este esquema está implantado con éxito en prácticamente todos los países de la OCDE menos España.
Los precios fijados por parado colocado oscilan entre los 300 y los 3.000 euros en función del perfil. Sin embargo, a esas cantidades hay que restarles el IVA y el 30 por ciento de bajada media ofrecida por las empresas. De modo que por un trabajador que haya estado seis meses en el paro, la empresa se embolsaría sólo unos 170 euros. Y por uno mayor de 55 años y con más de dos años parado se pueden llevar unos 1.700 euros tras restar el IVA y la rebaja. Si la agencia no consigue darle un trabajo al desempleado, se llevará de todos modos la mitad del dinero por haberle atendido durante unos seis meses. En cuanto al presupuesto total de esta primera convocatoria, éste asciende a los 41,6 millones, los cuales se sitúan en los 31,4 millones tras restar el IVA.
