El esperado programa económico de Podemos se encuentra ya en las cocinas del partido de Pablo Iglesias. Juan Torres y Vicenç Navarro, los dos economistas a los que la formación ha encargado la elaboración de su estrategia económica, han entregado ya el documento sobre el que Podemos articulará su hoja de ruta para el "rescate ciudadano". Un proyecto que está siendo revisando por Luis Alegre, el coordinador del equipo técnico de la Asamblea fundacional de Podemos. El documento entregado es un programa de máximos, como reconoce el propio Torres, que no ahonda en el desarrollo de las siete propuestas sobre banca pública que presentó la formación a las elecciones europeas. En ese sentido, tampoco se pronuncia sobre el papel que deben desempeñar Bankia y BMN, las dos entidades controladas actualmente por el Estado, en esa banca al servicio del ciudadano.
"Hemos elaborado un programa base, lo que nosotros consideramos que es el marco y las grandes líneas estratégicas que debe contemplar un programa económico. Pero hay otras decisiones que tiene que tomar la organización", explica Torres, en conversación con este diario. Podemos pretende debatir las medidas económicas de Torres y Navarro el próximo sábado 29 de noviembre, en la segunda reunión del Consejo Ciudadano.
Entre estas decisiones, más políticas, que no se abordan en el documento inicial, se encuentra la articulación del esquema de banca pública o el programa de nacionalización de empresas. En este sentido, Iglesias defendió en una entrevista concedida al programa de Ana Pastor, El Objetivo, "desprivatizar empresas que eran públicas y ahora son privadas"entre las que se encuentran, entre otras, Telefónica, Repsol, Endesa o Iberia, aunque no hizo una mención expresa a ninguna de ellas.
Podemos llevó en su programa electoral a las elecciones europeas siete grandes propuestas para "reorientar el sistema financiero para consolidar una banca al servicio del ciudadano". Ampliar las competencias de organismos públicos de crédito como el ICO de forma que se garantice al crédito a sectores excluidos. Garantizar el flujo de crédito a tipos de interés preferentes hacia PYMEs, cooperativas y autónomos, priorizando aquellas empresas que se rijan por criterios democráticos y de responsabilidad social, ética y medioambiental. Promocionar la banca ética y cooperativa. Establecimiento de una tasa sobre los benefcios bancarios para la reinversión productiva. Regulación pública de los tipos de interés básicos de la economía. Prohibición de los instrumentos financieros propicios a la especulación financiera, como los fondos buitres. Reorientación de instituciones como el FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca.
Por último, la formación de Pablo Iglesias propone la creación de una banca pública con gestión democrática bajo control social efectivo, a partir de las antiguas cajas de ahorros convertidas hoy en entidades bancarias y recapitalizadas con dinero público. Situación en la que se encuentran Bankia y BMN, cuya intención era salir a Bolsa en el primer semestre de 2015 para devolver las ayudas públicas.
El programa económico base desarrollado por Torres y Navarro no desarrolla esta línea programática. De hecho, no habla ni de qué flujo de crédito tendría que cubrir esta banca pública para cubrir las necesidades de la economía real ni del papel que los actuales equipos gestores tendrían en esta entidad de carácter estatal. "Está claro que el Estado tendrá que tomar medidas para evitar que se pierda más dinero. Pero esa decisión es política", insiste Torres.
El escenario de ingobernabilidad que dibujan las encuestas, con la irrupción de Podemos, puede alterar los calendarios y precios de colocación de próximos paquetes de Bankia en 2015
La irrupción de Podemos, su ascensión meteórica en los sondeos de intención de voto, junto a su intención de crear una banca pública, no parecen haber cambiado la estrategia del Estado sobre su desinversión en ambas entidades. Especialmente, en Bankia. Pese a que las encuestas dibujan un futuro panorama político de ingobernabilidad, una situación que ya empieza a ocupar (y preocupar) a los mercados, no en vano JP Morgan o Merrill Lynch ya han comenzado a publicar informes alertando del peligro de una hipotética llegada de Podemos al gobierno, en el Ejecutivo se mantiene la política de desinvertir en Bankia desde un prisma de rentabilidad económica.
"Se mira más el momento de mercado que otro factor, como el posible panorama político a futuro. El otro compromiso, evidentemente, es mantener los plazos pactados con la Comisión Europea", explican desde Economía. El compromiso del Ejecutivo es completar su salida del capital (mantiene aún un 61,2%) en noviembre de 2017. A principios de este ejercicio, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, comentó en la presentación de resultados anuales que la privatización podría estar concluida “en unos dos años, aunque la decisión depende del Estado”. Este calendario coincidiría en el tiempo con las elecciones generales de noviembre de 2015, lo que permitiría al Gobierno de Mariano Rajoy presentar a Bankia como el gran triunfo de la reestructuración financiera y paliar, en parte, la fortuna que los contribuyentes han perdido con la crisis de las cajas.
Sin embargo, la entrada en la escena política de Podemos, junto a la difícil situación del mercado por las incertidumbres de la economía europea, sí puede tener un efecto directo en los calendarios. De hecho, el Gobierno ha retrasado hasta el próximo año, como adelantaron El Mundo y El Periódico de Cataluña a principios de mes, la segunda colocación de un paquete de Bankia ante la imposibilidad de que el precio de su acción supere los 1,51 euros en el corto plazo, cifra a la que desinvirtió el Estado en febrero pasado.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que sólo se puede promover otra colocación una vez que el precio de la acción de Bankia se estabilice "durante dos o tres semanas" por encima de esos 1,51 euros por título. Un proceso que descarta cualquier tipo de movimiento en este 2014, porque diciembre es un mes en el que los fondos institucionales no realizan operaciones. "El Estado siempre tiene la opción de sacar un paquete a un precio inferior, si está obligado por motivos políticos, pero eso iría en contra de su mensaje de que con Bankia se recuperará no sólo todo lo inyectado en esa entidad, sino otra parte del rescate. A día de hoy, no se contempla vender a precios inferior", aseveran estas fuentes.
El Estado controla actualmente el 61,2% de Bankia. Su posición seguirá siendo de control, tras las próximas elecciones generales, porque apenas se vislumbran ventanas de colocación entre febrero y marzo próximos
"No existen muchas ventanas en 2015 para hacer colocaciones de Bankia", explican estas mismas fuentes. "Apenas en el primer trimestre, una vez que Bankia haya publicado sus resultados anuales", aseguran. El plazo se reduce así para febrero y marzo. "A partir de entonces, el ambiente y calendario político (elecciones municipales y autonómicas en mayo) no dejarán muchas opciones de salir al mercado para realizar este tipo de operaciones", insisten.
Y este ambiente político determinará, sin duda, los precios de la operación. "Si se consolida en los mercados la idea de que será difícil formar un gobierno, según vayan apareciendo encuestas más próximas a las fechas de las elecciones generales, se puede reproducir el castigo sobre la prima de riesgo, lo que se traduce en una operación más costosa. Un coste que, además, se incremente cuanto mayor es el paquete que se quiere colocar", explican desde un banco de inversión.
El objetivo del FROB, propietario del 100% de BFA, matriz de Bankia, era finalizar este 2014 con una participación del 50,01% para mantener la mayoría en el banco cotizado. Lo que hubiera implicado vender otro paquete en el entorno del 10%. Sin embargo, iniciará 2015, con un control del 61,2% de Bankia, después de que el fondo de rescate haya aumentado, a lo largo de este ejercicio, ligeramente su participación como consecuencia del canje de las preferentes.
De esta manera, el Estado mantendrá un papel significativo en Bankia, sino mayoritario, en el momento en el que se decida el nuevo inquilino de la Moncloa. De hecho, la atomización del accionariado de Bankia provoca que el Estado siga controlando la entidad con un entorno del 30-35% de sus títulos. Las urnas decidirán entonces el futuro de Bankia y BMN en su camino hacia la privatización total o la banca pública.
