El Ministerio de Fomento dispondrá de algo más de tiempo para tratar de encontrar una solución al problema de las autopistas en quiebra que, con el paso de los meses, se ha convertido en el problema de las autopistas en liquidación. En el departamento que dirige ahora en funciones Rafael Catalá dan por hecho que el Estado no tendrá que asumir el control de las autopistas R3 y R5 a partir del próximo 1 de octubre, es decir, el próximo sábado, como señalaba el titular del juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que entiende del concurso de Accesos de Madrid, la titular de la concesión de ambas carreteras. Eso sí, por ahora. Fomento dispondrá de una prórroga para tratar de evitar que el Estado comience a pagar por el fiasco de los peajes de nueva generación, una factura que podría irse por encima de los 5.000 millones de euros.
A finales de la semana pasada, Fomento anunció la petición de la citada prórroga, que dio inicio a una serie de intensas negociaciones entre las partes implicadas. Según fuentes del sector, en el departamento trabajan ya con la idea de que dispondrán de un tiempo adicional para resolver no sólo la situación in extremis de Accesos de Madrid (la primera de las ocho concesiones en concurso que llega a este extremo) sino del resto de casos de autopistas de peaje quebradas. No se trata de un asunto baladí en plena carrera desaforada por la reducción del déficit público.
Eso sí, lo que no es seguro es que el juez vaya a concederle a la Administración los nueve meses de prórroga que solicita, un periodo que podría verse reducido a seis, lo que obligaría a Fomento a trabajar a marchas forzadas, toda vez que la formación de un Gobierno de la nación podría retrasarse hasta bien entrado el próximo año si finalmente hay que convocar unas terceras elecciones en diciembre.
Encima de la mesa del Ministerio sigue estando la idea del rescate a las concesionarias a través del sistema que pergeñó la anterior responsable del departamento, Ana Pastor, actualmente presidenta del Congreso de los Diputados. Éste consistía en la asunción de la deuda por parte del Estado con una quita del 50% sobre la deuda comercial y financiera de las concesionarias (algo más de 2.000 millones de euros) y el pago de parte restante a través de un bono a 30 años con intereses variables en función de la evolución de los tráficos que registraran las autopistas.
Revisar las condiciones del rescate
El principal problema es que el límite para la amortización de dicha deuda se estableció en un aumento máximo del 1% en dichos tráficos, cuando actualmente estas vías están registrando incrementos medios superiores al 6%. Dicha limitación suponía que la teórica quita del 50% establecida en el plan se iba, en términos reales, al 80%, una circunstancia que los bancos acreedores, tanto nacionales como extranjeros, no estaban dispuestos a aceptar.
Las negociaciones quedaron varadas ante la inminencia de las elecciones generales de finales del pasado 2015, a la espera de la formación de un nuevo Ejecutivo. Sin embargo, a finales de septiembre el Gobierno aún opera en funciones. El paso del tiempo no ha impedido que los procesos concursales de las concesionarias sigan adelante, con dos empresas ya en fase de liquidación (además de Accesos de Madrid, también está la de la M-12, la autopista de acceso a la terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas).
El juez estableció que a partir del 1 de octubre, la concesión de las autopistas R3 y R5 volvía al Estado. A partir de ese momento se pondría en marcha el mecanismo de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por el que la Administración debe hacerse cargo del activo como propietario último que es y asumir sus cargas.
Salvar el primer match-ball
Los accionistas de la concesionaria de la M-12 también han solicitado la puesta en marcha del mecanismo de la RPA, aunque aún deben esperar porque el Gobierno, como en el caso anterior, recurrió el auto que decretaba el inicio de la fase de liquidación.
Por el momento, el primer “match-ball” parece salvado. Pero no habrá mucho más tiempo. Si en el poco que concederá el juez no se sacan adelante las negociaciones, las liquidaciones llegarán en cascada. A partir de ahí se iniciará una nueva batalla judicial en torno a las autopistas de peaje de primera generación. Mientras que el Estado calcula el total de la RPA en algo más de 2.000 millones, los accionistas de las concesionarias elevan la cifra por encima de los 5.000. Una discrepancia que también habrá de resolverse en los tribunales.
