De todas las andanadas que ha lanzado José Luis Escrivá desde que estrenó la cartera de ministro, hay una que tiene estupefactos a algunos economistas. Hablamos de su ataque inclemente al Banco Central Europeo, una institución donde abunda el rigor y la corrección, de la que él mismo formó parte durante un lustro. Conoce los pasillos clave de la sede de Fráncfort, los que conducen a los despachos donde se marca el rumbo del euro. Por eso causó tanto estupor entre quienes le conocen que el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hablara hace días con tanto desprecio de su antiguo empleador.
Escrivá acusó al BCE de publicar informes “de copia y pega”. Aludía, concretamente, al documento en el que la institución europea recogía su opinión sobre el impuesto a la banca. Éste lleva el sello del propio Escrivá, quien ha promovido el nuevo tributo desde su despacho -toda una paradoja- de ministro de Inclusión. Lo que advertía el equipo de Christine Lagarde es que el castigo fiscal a la banca puede afectar al crédito y a la competencia, rozando los límites de la ilegalidad. Una percepción que resulta inadmisible para el ministro español, a ojos de su reacción despechada. “Me parece sorprendente. No es la primera vez que emite un informe de estas características. Lo deben tener de copia y pega de otros momentos, en contextos distintos”, insistió.
Pocas horas después, Pedro Sánchez redobló la apuesta, vinculando las advertencias del BCE con el pasado de su vicepresidente, Luis de Guindos. El presidente del Gobierno recordó que el exministro de Economía estuvo en nómina de la quebrada Lehman Brothers y fue el artífice del rescate al sector financiero español. Acto seguido, tiró de sarcasmo para “agradecerle la ayuda”.
El ataque de Sánchez, pese a la inquina, sorprendió menos entre los economistas que el desdén de su ministro de Inclusión. José Luis Escrivá trabajó en la División de Política Monetaria del BCE entre 1999 y 2004. Conoce de primera mano cómo se adoptan las decisiones en el rascacielos con más solera de Fráncfort. De ahí la estupefacción de quienes conocen bien las tripas del BCE.
“Focalizarse en De Guindos es un absurdo porque las opiniones del BCE las firman 25 personas”, recalca un alto cargo de la institución. Tras el informe sobre el impuesto a la banca está el refrendo del consejo de gobierno, liderado por Lagarde y De Guindos, pero también de los gobernadores de los bancos centrales de cada país miembro. Profesionales con solvencia probada y con la reputación tan a prueba de bombas como la de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, quien tampoco ha escapado a los dardos verbales de Escrivá.
Fue hace justo antes del verano cuando el ministro de Inclusión acusó a la institución de “falta de sofisticación”, en referencia a otro informe, también crítico, con su decisión de vincular la subida de las pensiones al IPC. Escrivá llegó a asegurar que el Banco de España apenas aportaba material nuevo y se basaba en otro informe que él mismo redactó cuando presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Otra especie de ’corta y pega’, en definitiva.
Lo llamativo es la reincidencia del ministro, que esta misma semana ha vuelto a la carga contra el Instituto Nacional de Estadística (INE). Escrivá puso en duda este miércoles la fiabilidad de la Encuesta de Población Activa (EPA), cuyos resultados no casan bien con el recuento de empleados de la Seguridad Social. El ministro aseguró que la estadística más conocida del INE es “de baja calidad” y está ‘contaminada’ por el patrón de la pandemia, “cuando hubo una discontinuidad en la forma de recoger la información”. “Yo la pondría entre comillas”, agregó.
“La fricción con el gobierno de turno es permanente si nosotros hacemos bien nuestro trabajo”, afirman desde una de las principales instituciones independientes. “La realidad política siempre va a dificultar nuestra labor, pero es nuestra obligación”, añade la misma fuente. Ahora bien, lo inquietante es el que el cuestionamiento sea constante, desmedido o injustificado. Que el desprecio cale en la sociedad como lluvia fina, erosionando la credibilidad de organismos que actúan como pilares del sistema. Como el Banco de España y la AIReF. Como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el INE o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En la segunda mitad de la legislatura, todas han sido víctimas, en mayor o menor medida, de las embestidas del Gobierno de coalición.
“Al final, las facturas se pagan. El desprestigio institucional que se está fomentando es terrible. Estamos a tiempo de la vuelta atrás, el daño no es irreparable. Pero costará devolver las cosas a su cauce”, admite un veterano banquero español. “La presión contra las instituciones es creciente y eso se aprecia desde fuera de España”. El ejecutivo, acostumbrado a lidiar con inversores extranjeros, reflexiona en voz alta tras conocer la última acometida desde las filas del Gobierno. La última y la más peligrosa: el ataque de la ministra de Igualdad a la labor y la honestidad de los jueces.
Entre Irene Montero y José Luis Escrivá media un abismo, en lo profesional y en lo ideológico. El economista se incorporó al Ejecutivo de coalición con el aura de tecnócrata y un currículum envidiable, forjado en el sector público (BCE, Banco de España, AIReF) y en el privado (BBVA Research). Nada que ver con el bagaje profesional nulo de Montero, que sólo se ha dedicado en su vida a la política.
En común tienen ahora no sólo su pertenencia al mismo Consejo de Ministros, sino también cierto alineamiento en las críticas contra instituciones que deberían estar blindadas. Eso es lo que deja ojipláticos a algunos de los economistas que le conocen. Lo confesaba recientemente a este diario uno de ellos, sorprendido al verle tan 'desencadenado': "Muchos se lo advertimos. José Luis se metió en Vietnam y ya no puede salir de ahí".
