Álvaro Nadal, ministro de Energía, intentará el más difícil todavía: regular el cierre de las centrales de generación eléctrica a través de una Ley, en lugar de vía decreto. El anuncio, realizado hace una semana por el departamento que dirige, daba cuenta de la intención de Nadal de asumir el planteamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en cuyo informe se reflejaba la idoneidad de elaborar una Ley al respecto. Sin embargo, el objetivo de fondo consiste en que las grandes del sector, contrarias a las intenciones del ministro de endurecer los requisitos para el cierre de las centrales, lo tengan más difícil para tumbar la medida en los tribunales.
En la particular batalla que mantiene con las empresas del sector, el ministro Nadal les acusaba recientemente de dedicarse a recurrir en los tribunales prácticamente cualquier medida para el sector aprobada por el Gobierno. Entre las últimas que han recorrido este camino se encuentran la nueva normativa que regula el bono social (que ya fue recurrido en dos ocasiones anteriormente, con victoria final para las eléctricas en los tribunales) y la congelación de los peajes incluidos en la factura de la luz.
En esta ocasión, ante la amenaza de que volviera a repetirse un episodio similar, Nadal ha querido curarse en salud. Si finalmente lograra sacar adelante una Ley que regulara el cierre de las centrales de generación eléctrica, las compañías tendrían más problemas para tumbar la normativa en los tribunales.
Eso sí, el camino a recorrer por Nadal para lograr su objetivo es más complicado. Debido a la compleja composición del Parlamento, la presente legislatura no se está caracterizando precisamente por la agilidad a la hora de sacar adelante leyes. Más bien al contrario, hasta el momento han visto la luz apenas algo más de una docena, la mayor parte de las cuales se corresponden con transposiciones de directivas comunitarias.
Choque de criterios
Para sacar adelante la proposición de Ley que registrará el Grupo Parlamentario Popular, se debe contar con los apoyos suficientes en la Cámara, algo que será complicado visto además el escaso contacto que ha habido con el resto de grupos parlamentarios a este respecto.
Según la comunicación del Ministerio de Energía, la proposición de Ley incrementaría los criterios a observar para autorizar el cierre de las centrales con el fin de que éstos no afecten únicamente a la seguridad del suministro, como hasta ahora, sino que también contemplen la incidencia en los precios o la competencia en el mercado y también el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.
Las compañías han manifestado su disconformidad con el hecho de que el Gobierno ponga trabas para llevar a cabo una decisión que consideran puramente empresarial. Iberdrola anunció el pasado otoño que cerraría las dos centrales de carbón que aún conserva en España, lo que fue respondido por Nadal con un acelerón en los trámites para sacar adelante el decreto que, por entonces, estaba elaborando el Gobierno para regular el cierre de las centrales.
En el caso de Endesa, su postura ha sido algo menos beligerante con el Ejecutivo aunque sí ha remarcado en numerosas ocasiones que si el Gobierno no les permite cerrar centrales debería compensarles económicamente. Mientras que las empresas sostienen que los cierres se deben a razones de nula rentabilidad, desde Moncloa se considera que las empresas no dicen toda la verdad.
