Gas Natural será el cargado de encender la luz y poner la calefacción en el Congreso de los Diputados durante los próximos dos años y medio. La filial de Naturgy ha logrado los tres lotes de esta adjudicación valorada en cuatro millones de euros. Un concurso que buscaban otros grandes del sector como Iberdrola o Endesa.
Los lotes era suministro de energía eléctrica, en alta y baja tensión, y gas natural para los edificios del Congreso de los Diputados. Finalmente, Gas Natural ha puesto encima de la mesa por estas tres partidas y el total de su contrato que le ha adjudicado la Mesa del Congreso se eleva hasta los 1,16 millones de euros.
Iberdrola, Endesa, Acciona y Aura Energía se presentaban también a esta adjudicación que en los últimos dos años también había sido tarea de la filial Naturgy. El encargado se desarrolla desde el pasado 1 de junio de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022. El contrato también incluye una opción de prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023.
El Congreso de los Diputados priorizaba para estos contratos el factor económico. Para el suministro de gas natural la parte económica de la oferta de los candidatos se llevaba el 100% de la ponderación, mientras que el suministro eléctrico la factura suponía el 90% de los criterios de elección. El 10% restante de los dos primeros lotes correspondía a valoraciones ambientales.
Repsol pone el combustible
Repsol ha conseguido, por su parte, el contrato de suministro de carburante para los vehículos del Parque Móvil del Congreso de los Diputados. Esta adjudicación valorada en 148.000 euros se lo ha llevado la petrolera a través de Solred, su empresa de medios de pago para carburantes y lubricantes.
Su propuesta económica ha sido de 86.333 euros y el plazo de este suministro se desarrolla desde el 1 de julio de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. Repsol ha tenido que competir con otro candidato para este suministro, aunque desde la Mesa del Congreso de los Diputados no desglosa en esta ocasión quien ha sido su rival.
Aunque el propio pliego ya excluía a los operadores de gasolineras más pequeños. El candidato a este contrato del Congreso debía tener, como mínimo, 100 estaciones de servicio entre capitales de provincia y poblaciones de más de 50.000 habitantes.
