El coronavirus ha supuesto el fin del lento ajuste fiscal que inició España con la recuperación. La caída de la recaudación por el hundimiento económico, unido a los gastos necesarios para frenar la pandemia y salvar a las familias y al tejido productivo, dispararán el déficit público este año por encima del 11% del PIB, lo que condenará al país a dos décadas negras de elevado déficit y deuda pública.
Una vez lanzada toda la artillería, España tendrá que diseñar una estrategia para reducir el nivel de déficit y deuda pública sobre PIB, un reto para el que hará falta algo más que la voluntad de este (o cualquier) Gobierno. En opinión del Banco de España, será necesario "un acuerdo político acorde a la magnitud del reto al que nos enfrentamos que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas", es decir, una suerte de 'Pacto de Toledo' que en vez de trabajar en la sostenibilidad del sistema de pensiones aborde la sostenibilidad de todo el país.
La clave de su propuesta está, precisamente, en la solicitud de que ese acuerdo -entre todos los partidos- se mantenga más allá de la legislatura. Se tata de que todos los partidos políticos sean capaces de establecer un listado de medidas, compromisos, reformas estructurales que se deberán implementar en los próximos años, independientemente de cuál sea el Gobierno que salga de las urnas en cada cita electoral.
"En primer lugar, es preciso poner en pie planes plurianuales de consolidación de las finanzas públicas.
En segundo lugar, tenemos que volver la mirada hacia aquellas políticas que incrementen el crecimiento potencial de la economía. Más que nunca, si cabe, ahora resulta crucial que, una vez transcurrida la fase sanitaria del problema, los mecanismos institucionales que rigen el funcionamiento de nuestro país adopten una visión de largo plazo", reivindica.
De Cos apuesta por una "definición temprana de esta estrategia", ya que hacerlo cuanto antes "tendría importantes beneficios para la credibilidad de nuestra política económica y permitiría potenciar los efectos expansivos de las actuaciones fiscales actuales".
Acuerdos políticos como base para legislar
"En el corto plazo, no cabe una retirada prematura de las medidas fiscales de emergencia, pues esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos. Sin embargo, la contrapartida necesaria de este activismo fiscal es el anuncio temprano de una estrategia de reducción de los desequilibrios fiscales para su implementación posterior, que necesariamente deberá ser gradual", apuntaba De Cos.
El acuerdo político que pide De Cos para la consolidación fiscal recuerda a la voluntad de lograr un consenso sobre las pensiones en el seno del Pacto de Toledo, nombre con el que se conoce a la comisión parlamentaria que se creó en 1995 tras llegar a un acuerdo sobre 15 recomendaciones iniciales, con el objetivo de llegar a acuerdos futuros para garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones. Sacar las pensiones del debate partidista, en definitiva.
En ese momento la comisión se constituyó con la idea de lograr sus fines en el plazo de cinco años y disolverse en el año 2000. Sin embargo, publicó un nuevo informe en el año 2003 con recomendaciones, que sería el embrión de una nueva ley de las pensiones en el año 2007 para ir retrasando la edad de jubilación y modificar el cálculo de la pensión en función de los años cotizados.
A día de hoy, la Comisión del Pacto de Toledo sigue operativa, después de disolverse de forma abrupta en 2019 cuando estaban cerca de lograr un acuerdo. En 2020, una vez constituidas las Cortes, volvió a conformarse en el Congreso de los Diputados para retomar las negociaciones. Las recomendaciones que salgan de la Comisión servirán de base para legislar en materia de pensiones y Seguridad Social.
