Una de las medidas que más ha pasado desapercibida de entre las propuestas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos días ha sido la creación de un Seguro de Desempleo Europeo (SDE), una iniciativa que ya se planteó en el año 2013 tras la peor etapa de la crisis financiera y que ha rescatado también el ministro de Finanzas alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz.
La idea consiste en crear un fondo común a todos los países del euro que sirva para complementar los subsidios de desempleo que paga cada país de la Eurozona, de forma que las cuentas nacionales afronten el 80% del pago de la prestación y el 20% restante lo aporte el fondo. Ese saco común se rellenaría de forma ponderada por todos los países, en función del peso que represente su economía en el conjunto.
Según explica en un artículo científico Justo Cortí, profesor de la Universidad CEU-San Pablo e investigador del Instituto de Estudios Europeos, “el diseño del Seguro de Desempleo Europeo se enfrenta a dos problemas principales: la incompatibilidad de modelos de desempleo y los condicionamientos políticos a la transferencia de recursos”.
Primer problema: las diferencias insalvables
El primer obstáculo es la gran diversidad que existe entre los sistemas de desempleo de los países de la Eurozona, algo que según Cortí “es muestra del fracaso de los intentos de coordinación de los sistemas de seguridad social y dificulta sobremanera la elección de un modelo europeo”.
En concreto, este experto explica que los distintos modelos difieren en la cobertura de la prestación (algunos son obligatorios y otros voluntarios, algunos cubren a autónomos y empleados públicos y otros no), en los criterios de eligibilidad (que presentan matices en función del país) y en la cotización mínima (que fluctúa desde las 17 semanas en Francia a las 156 en Eslovaquia).
También hay notables diferencias en la duración de la prestación (cambia desde los 2 meses en Hungría al periodo indefinido en Bélgica, pasando por los 2 años en Dinamarca, Francia, Alemania o España, o los 4 años en Austria), y en la cuantía abonada (que aunque de media es de entre el 50 y el 60% de los ingresos previos a la situación de paro, hay casos en los que se abona el 37%, como Grecia, o el 87%, como Bélgica).
Por último, no todos los países se comportan igual en términos de financiación respecto a quién paga por el sistema, y en algunos existen limitaciones concretas o excepciones en función de la situación personal o familiar del beneficiario.
Segunda cuestión: el "riesgo moral"
Aunque la idea es “loable” en términos de solidaridad y “necesaria” para lograr una mayor europeización, señala a Vozpópuli Luis Moreno, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el problema radica en “el riesgo moral que supondría que los países más receptores de estos subsidios se 'acostumbrasen' a este tipo de ayudas 'pasivas', que tan poco gustan a algunos países, como Alemania”, apunta.
De hecho, la propuesta del ministro de Finanzas germano ya se ha topado con la negativa de los conservadores de Angela Merkel con los que su partido gobierna en coalición, incluso aunque Scholz defiende que si un país utilizara parte de los fondos para pagar sus subsidios de desempleo “cuando se superara la recesión el país en crisis debería devolver los fondos que recibió”.
El “riesgo moral” se refiere a la asimetría que existiría en el sistema y a la ventaja de los países con tasas de desempleo más elevadas
Algunos expertos sostienen que la creación de un SDE sería mucho más beneficiosa para aquellos países que tradicionalmente han tenido elevadas tasas de paro –como España- que para aquellos que las mantienen bajas –como Alemania-. Sin embargo, Cortí señala que todos los países se verían compensados por la estabilidad macroeconómica que generaría el sistema.
En cualquier caso, para conseguir que salga adelante propone que se conceda este subsidio solo a los países de la Eurozona que cumplan con ciertos criterios de elegibilidad y que se baje la cuantía estimada para conformar este fondo.
