La reforma del sistema de pensiones es uno de los grandes retos del Gobierno en esta legislatura. El tema está ya en boca de todos los expertos y en el Congreso de los Diputados, donde la Comisión del Pacto de Toledo trabaja a contrarreloj para presentar sus conclusiones en primavera. Y no es para menos, el gasto en pensiones sigue marcando máximos históricos y el número de pensionistas no para de aumentar, ni dejará de hacerlo en los próximos años, así que es necesario pensar en nuevas fuentes de ingresos que garanticen la viabilidad del sistema.
De hecho, el gasto total del sistema acabó 2016 en un nuevo máximo histórico: 8.623 millones, un 62% más que hace 10 años. Y el 70% del total de ese gasto se destina a pagar las pensiones de jubilación. Este tipo de pensionistas ha aumentado un 20% desde el año 2006 y la pensión media que perciben ha crecido un 45%. Y las perspectivas demográficas no son muy positivas. Según el INE, el número de pensionistas va a aumentar exponencialmente en los próximos años y también crecerán las cuantías de las prestaciones, lo que evidencia la necesidad de hacer cambios.
Los últimos gobiernos que han pasado por La Moncloa han avanzado algo poniendo en marcha dos reformas, pero se han centrado en recortar los gastos sin atender al problema de ingresos que está haciendo que modelo se desangre. Según figura en la actualización del programa de estabilidad que el Gobierno ha enviado a Bruselas, las dos reformas contendrán el gasto casi en 3.500 millones entre 2015 y 2017. Y esta contención irá cogiendo fuerza según pasen los años, sobre todo a partir de 2019, con la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
El gasto se va a reducir, pero hay que mejorar los ingresos del sistema
El problema es que, al atender solo al elevado gasto del sistema, el ajuste recaerá directamente en las prestaciones, que caerán inevitablemente con el paso de los años. De hecho, los expertos aseguran que las pensiones bajarán un 40% hasta 2050 si no se hace nada para evitarlo. Así que ahora toca abordar la insuficiencia de ingresos para intentar garantizar el acceso a prestaciones dignas en los próximos años.
Los expertos ya han empezado a plantear algunas propuestas y el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa las ideas que baraja para la próxima reforma. De hecho, ya ha aprobado una subida de las bases de cotización para 2017 y ha asegurado que pretende financiar las tarifas planas y otras reducciones de cotizaciones vía Presupuestos. Además, existe bastante consenso en cuanto a la necesidad de mejorar la financiación de la Seguridad Social desde la Administración central, pero sin modificar la naturaleza del sistema.
Para aplacar la incertidumbre que está generando el agotamiento del Fondo de Reserva, la conocida como 'hucha de las pensiones', el Ejecutivo ya ha dicho que estudia la posibilidad de financiar las pensiones a través del Tesoro, pero solo de forma temporal hasta que mejoren los ingresos del sistema. Una medida de este tipo entorpecería la reducción de la deuda pública y haría que los españoles siguieran debiendo 24.000 euros por cabeza en deuda al final de la legislatura.
La reforma no puede esperar
Lo que está claro es que la reforma no puede esperar y tiene que ver la luz esta legislatura. La Seguridad Social se va a anotar este año el mayor déficit de su historia y se convertirá en la gran responsable del déficit público en 2019. En ese momento, casi todas las administraciones habrán saneado sus cuentas y la Seguridad Social seguirá con un déficit del 1%. Parece que va a ser muy costoso reducir su desfase.
Lo que no está tan claro es si la reforma que se plantee llegado el momento será un nuevo parche para el sistema o abordará realmente las dificultades actuales y garantizará su viabilidad en el futuro. En primavera, el Pacto de Toledo presentará sus recomendaciones y pasará la pelota al Gobierno, que tendrá que abordar la difícil tarea de impulsar una reforma complicada y convencer a un Parlamento inusualmente fragmentado. Veremos si es capaz.
