La crisis de liquidez de Banco Popular no fue ni mucho menos repentina. Arrancó meses antes (finales de 2016). Primero salieron las empresas y clientes de banca privada. Después los pequeños ahorradores y, por último las instituciones públicas, que asestaron el último golpe antes de la resolución. Lo que no se sabía hasta el momento es que el banco traspasó los umbrales regulatorios de liquidez mucho antes de su caída, el 27 de abril, 40 días antes de la resolución del 6 de junio, según detalles de las actas del consejo, a las que ha tenido acceso Vozpópuli.
Fue de forma puntual, por el vencimiento de unas cédulas hipotecarias, pero obligaron al banco a reportar diariamente al BCE hasta que se solucionara la crisis, algo que no llegó a ocurrir. Aun así, el consejo del Popular decidió no comunicar esta situación al mercado.
“En cuanto a la evolución reciente del LCR [Ratio de Cobertura de Liquidez], la ratio LCR reportada se ha deteriorado progresivamente desde cierre de marzo (146,7%), alcanzando el 93,5% a 28 de abril (dato provisional). Desde el 27 de abril el BCE ha pedido información diaria de las métricas", se advirtió a los consejeros en la reunión del 18 de mayo de 2017.
Declive
De esta forma, la ratio de liquidez del Popular se situó en el 81,7% el 27 de abril, por debajo del nivel del 85% fijado por la regulación. Faltaban todavía 40 días para su resolución. Se recuperó pronto,, ya que se debió al vencimiento de una cédula de 2.000 millones. Pero, según se la ratio se hundió de nuevo a mediados de mayo hasta el 69,8% por "las salidas de depósitos de 2.085 millones entre los días 12 y 16 de mayo", cuando se supo que el banco estaba en venta.
El plan del Popular, presidido por Emilio Saracho, era llegar cerca del 90% a finales de mayo, con medidas como la venta de acciones de Merlin Properties, de créditos dudosos, "los déficits de tarifa de España y Portugal, de cartera de híbridos (prevista para esta semana [del 18 de mayo]) y de cartera de corporates". Otras medidas eran la cesión de bonos propios, la titulización de leasings y la venta de sindicados, con los que conseguiría
Junto a estas vías para lograr liquidez, el banco trabajaba en la posibilidad de pedir liquidez de emergencia (ELA). "Hasta la fecha se han presentado carteras al Banco de España por 21.847 millones para que sean analizadas de cara a la provisión de liquidez de emergencia", señalan las actas. En las siguientes semanas, Saracho llegó a poner sobre la mesa cerca de 40.000 millones pero no consiguió los 9.000 millones de ELA que buscaba.
En medio de esta crisis de liquidez, surgió el dilema de si se debía comunicar a la CNMV, mediante hecho relevante o comunicado confidencial. Se optó por no hacerlo, contando con el consejo de dos socios de Uría Menéndez, Juan Miguel Goenechea y Francisco San Miguel.
La no comunicación
"La publicación inmediata de la citada información podría perjudicar gravemente la situación financiera de la entidad, agravando su posición de liquidez, así como dificultar el éxito tanto de las diversas medidas en marcha para incrementar la liquidez del banco [...], como de las conversaciones que se vienen manteniendo con entidades interesadas en una potencial operación corporativa", expuso el acuerdo adoptado por el consejo.
"Lo mejor para todos es que esta información no se difunda", señaló el secretario del consejo, Joaquín Hervada.
La presidenta de la JUR escribió el 29 de mayo al consejo del Popular pidiendo acceso al 'data room' de su venta
La fuga de depósitos fue a más en los días siguientes haciendo que el banco entrara en proceso de preresolución el 29 de mayo, previa carta de la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König. Su solicitud era para entrar en el 'data room' de la venta del banco, para avanzar en un plan B.
Entonces, el consejo del Popular reconoció que "no parece que existan mecanismos de liquidez a disposición del banco que permitan garantizar una operativa normal y estable en el tiempo".
La situación se agravó en los días siguientes y Saracho terminó reconociendo el 6 de junio que todas las medidas para recuperar el 90% de ratio de liquidez habían sido en balde. Esta ratio cayó al 24%, certificando la defunción de la entidad.
