El programa SURE de la Unión Europea (UE) por el que España va a recibir un préstamo de 21.324,8 millones de euros no será suficiente para cubrir el coste total del Estado en el pago de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y de prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos, incluso si ambos esquemas terminaran el 30 de septiembre.
Según el memorando explicativo publicado por la Comisión Europea, España pidió a Bruselas el 3 de agosto formalmente poder acogerse al SURE y estimó que su gasto público aumentaría en 23.803 millones de euros por el pago de los ERTE (incluyendo prestaciones por desempleo y exoneración de cotizaciones sociales), el pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja como consecuencia del coronavirus o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector turístico.
Fuentes del Ministerio de Economía explican a Vozpópuli que esa estimación se hizo teniendo en cuenta la normativa vigente, que asume que esas prestaciones estarán vigentes hasta el 30 de septiembre, y no tiene en cuenta el gasto adicional en que incurriría el Estado si se prorrogan esas ayudas.
De todas formas, aunque España hubiera estimado una cifra más alta, la Unión Europea no habría podido concederle un préstamo superior al actual, ya que la normativa por la que se reguló el SURE estipulaba que los tres países que recibieran más fondos no podrían acumular más del 60% del total del dinero, que puede ascender en total a los 100.000 millones de euros.
Por ello, Italia se llevará 27.400 millones, España recibirá 21.300 millones y Polonia tendrá 11.200 millones. La suma de los tres estados supone 60.000 millones, el máximo permitido.
En total, quince países han pedido acceder al SURE, mientras que diez no lo han necesitado. Entre estos últimos está Alemania, por ejemplo, que -a diferencia de España- tiene músculo financiero suficiente para alargar los ERTE hasta finales de 2021 sin necesidad de tomar dinero prestado.
El Gobierno sabía que no le llegaría
"España ha demostrado ante la Comisión que el gasto público actual y planeado ha aumentado en 23.803,57 millones de euros desde el 1 de febrero de 2020, debido a las medidas nacionales tomadas para paliar los efectos socio-económicos del brote de covid-19", explica la UE.
Este aumento del gasto "directamente relacionado con los esquemas de ERTE y las medidas similares destinadas específicamente a los autónomos y a los trabajadores del sector turístico ha experimentado un incremento severo y repentino, debido al casi inmediato aumento sin precedentes del número de beneficiarios cubiertos por estos esquemas y a la magnitud de las ayudas en España", detalla.
El Gobierno, consciente de que el préstamo SURE no sería suficiente para cubrir sus gastos, ya le advirtió a la Comisión entonces que utilizaría 1.660 millones de euros de otros fondos de la UE para intentar sufragar esos gastos.
Rendir cuentas cada seis meses
En cualquier caso, el dinero de la UE no ha llegado todavía, así que hasta ahora para hacer frente al pago de las prestaciones por desempleo, España ha tenido que recurrir a emisiones de deuda pública del Tesoro para tener liquidez. Ese dinero que venga de Bruselas se utilizará para pagar esa deuda y evitar que el déficit público se dispare más aún.
A Bruselas habrá que devolverle los 21.324 millones en un periodo máximo de quince años, pero cada seis meses el Gobierno tendrá que rendir cuentas ante la Comisión para explicar en qué está gastando ese dinero. Lo mismo ocurrirá con el resto de países receptores del programa SURE.
Para poder activar este préstamo SURE, la Comisión ha exigido que todos los países de la UE pongan avales por una cuantía equivalente al porcentaje que supone su aportación al presupuesto comunitario. España ya ha comprometido esa cuantía con Bruselas, pero desde el Ministerio de Economía no quieren detallar a cuánto asciende.
