Por la lista a los Reyes Magos económica que ha hecho pública Junts este miércoles para investir a Pedro Sánchez no ha pasado el tiempo. Las cifras de los agravios que esgrime van creciendo pero la esencia es la misma. En su apartado puramente hacendístico, el déjà vu es completo, de vuelta a septiembre y octubre de 2017: pide un Cupo como el vasco y una Agencia Tributaria Catalana.

Lo que ha llamado la atención de los expertos ha sido cómo se denomina a la variante del Cupo que propugnan: "cuota de solidaridad entre Cataluña como nación y el Estado español", porque "el principio de descentralización fiscal no se ha cumplido".

Los expertos a los que ha consultado Vozpópuli recuerdan que este modelo -el del Cupo Vasco- es "insolidario". En este caso, Junts lo plantea, además, como una fórmula transitoria mientras se queden; es decir, hasta que se independicen. Su formulación implica, asimismo, una posición de preeminencia, de solidaridad con el más desfavorecido.

Las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra recaudan e ingresan sus impuestos. El Cupo o concierto lo pagan al Estado en base a lo que teóricamente se gasta el Estado en beneficio de ellas en competencias estatales exclusivas, en las competencias no transferidas, por las amortizaciones de la deuda pública y por el Fondo de Compensación Interterritorial. A ello se aplica un 6,24%, calculado en 1981 en relación al peso de País Vasco en el PIB general (del 1,6% en el caso de Navarra). Cabe recordar que Cataluña supone el 20% del PIB nacional.

Se trata de un modelo que Miquel Roca y Jordi Pujol rechazaron en la Transición y que el Pacto del Majestic, suscrito con Aznar, no quiso considerar. Tampoco lo hizo el Parlament en las dos ocasiones que lo abordó. No se planteó hasta 2012, cuando Artur Mas le exigió a Mariano Rajoy el llamado pacto fiscal.

Y es que, sobre el papel, el modelo puede gustar más o menos; pero aplicado con transparencia, tiene sus riesgos en épocas de crisis y de caída de ingresos.

La cuestión es que en la práctica, el Cupo vasco ha sido muy beneficioso para el País Vasco y la financiación por habitante duplica la media de las comunidades de régimen común. No es ya el modelo, sino cómo se calcula; una fórmula que se desconoce, según denuncia Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica.

"El sistema es totalmente opaco. Cada X años nos dan un único número, la cuantía del Cupo o de la aportación, que en principio corresponde a lo que les toca pagar a las comunidades forales por los gastos comunes que corren a cargo del Estado. Pero nunca se publican los detalles de su cálculo o su desglose por conceptos", explica.

"Por tanto, es imposible saber lo que las Haciendas forales aportan para financiar el déficit del sistema contributivo de pensiones, o cualquier otra cosa. No hay forma de saber por qué pagan y por qué no, o de comprobar si la valoración de las "cargas no asumidas" es razonable. Es imprescindible una mayor transparencia", añade.

A todo esto se suma que el Cupo se renueva religiosamente cada cinco años, y en el intermedio se actualiza, según el crecimiento de la recaudación del Estado de impuestos concertados con el País Vasco y lo que se plantee en las negociaciones a puerta cerrada, que el Parlamento no puede cuestionar. Mientras, las comunidades de régimen común tienen el sistema de financiación autonómica caducado desde 2014. Y algunas están especialmente discriminadas.

Los riesgos de la condonación

De la Fuente no considera buena idea extender el Cupo. Tampoco condonar la deuda como exige Junts. "Condonar la deuda no es gratis, porque el Estado se quedaría con ella. Sólo cambiaría de manos y, además, generaría un problema de incentivos", advierte.

Otras comunidades tienen el temor de que se vuelva a pactar un sistema de financiación autonómica en el que haya clases, de que se reedite el que José Luis Rodríguez Zapatero pactó bilateralmente con ERC en 2009. Las peor financiadas, la Comunidad Valenciana y Murcia, para las que hasta los expertos más ortodoxos piden un fondo de compensación por el agravio que sufren, junto con otras regiones que tampoco salen bien paradas, el caso de Andalucía y de Baleares, se temen lo peor.

En la "España multinivel" de Pedro Sánchez se sitúan entre los españoles de tercera, mientras se dirime una condonación de la deuda de Cataluña y un trato fiscal privilegiado a imagen del Cupo Vasco.

Poco margen de mejora puede quedar para el resto si se parte de cesiones de este tipo. Las Comunidades más perjudicadas en 2009, la Valenciana y Murcia, estaban gobernadas por el PP y ahora la primera vuelve a estarlo. De hecho, los socialistas valencianos se movilizaron la pasada legislatura para revertir esta situación, pero el germen de reforma que inició Hacienda en el otoño de 2021 no prosperó. A lo que hay que añadir que para sorpresa del PSOE valenciano, los planteamientos del Fisco de Sánchez tampoco les eran especialmente favorables.

El relato de Cataluña sobre su lugar en el sistema de financiación no se cumple desde ningún ángulo. Ni está entre las más perjudicadas ni es la que más aporta. Según el informe de Fedea La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común publicado el 7 de agosto, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que registraron en 2021 un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media.

Entre las tres únicas aportadoras netas al sistema, Madrid puso 6.313 millones de euros al sistema, por 2.168 millones de Cataluña y 334 de Baleares, a pesar de que Cataluña tiene un millón más de habitantes que Madrid.

Una Agencia Tributaria con cuatro inspectores

Junts vuelve a la carga ahora también con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), un proyecto que trató de poner en marcha la Generalitat en 2017, y que fracasó y que el 155 tumbó. A partir de la Agencia Tributaria de Cataluña que ya existe como en otras comunidades con sus agencias regionales y que se dedica a gestionar los impuestos propios y cedidos, se intentó crear una estructura promocionando a técnicos de Hacienda a inspectores de una Agencia Catalana integrante y a la vez escindida de la constitucional. Ni el sueldo ni los incentivos ni la promoción exprés consiguieron enrolar en la misión a más de 10 funcionarios.

Tampoco llegó a buen puerto el intento de recaudar los impuestos estatales, a pesar de que se empezó por 500 empresas públicas en las que participa la Generalitat.

El Govern envió una comunicación en la que les instaba a firmar un Convenio con la Agencia Tributaria de Cataluña para ingresarle todos los impuestos, es decir, las retenciones del IRPF de sus trabajadores, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades.

Más de la mitad de estas empresas tenían participación mayoritaria o paritaria de la Generalitat, pero la presión se dirigía también a 200 empresas con capital privado.

Sí pervive desde entonces un proyecto que abanderan ayuntamientos catalanes para no pagar a la Agencia Tributaria Estatal. No tiene consecuencias porque la Agencia Tributaria Catalana, la división regional que opera como las de otras autonomías, luego transfiere lo recaudado a la estatal.
De 950 municipios que hay en Cataluña, se han sumado 50. En 2021 se presentaron 1.400 declaraciones de este tipo frente a los millones que se tramitan en la región.

Vuelve el Decreto de la fuga de empresas

En estos momentos, además, la mayoría de las empresas que se llevaron su sede fuera de Cataluña por el 1-O no han vuelto. Más de 3.000 empresas se mudaron de Cataluña entre octubre y diciembre de 2017. Entre las más de 6.000 empresas que se fueron desde entonces y hasta la fecha, con muy pocos retornos, hay trece cotizadas en el Ibex, CaixaBank, Sabadell, Gas Natural Fenosa, Cellnex, Abertis y Colonial. También se fueron ido Catalana Occidente, Applus o Naturhouse.

Cerca de la mitad de las empresas que mudaban su sede social a otras comunidades, en primer lugar, a Madrid, se llevaban también el domicilio fiscal.

En este escenario, Puigdemont reclamó el 5 de septiembre a Sánchez que derogue el Decreto de la fuga de empresas. 

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el citado Decreto el 6 de octubre de 2017 para facilitar un cambio de sede social que grandes empresas venían preparando, especialmente, CaixaBank, ante la fuga de depósitos que sufría, e inmediatamente se produjo el traslado de CaixaBank a Valencia, de algunas de sus participadas a Palma de Mallorca, y de Sabadell a Alicante.

Este Decreto no afecta a la libertad de empresa pero desde el principio el Gobierno de Quim Torra insistió en que exigía su revocación. En febrero de 2018, el PSOE en la oposición votó con PP y Ciudadanos en contra de una proposición no de ley de PDeCAT en este sentido.

Cuando llegó al poder, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez hubo voces discordantes. La entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaró que se derogaría, pero fue corregida por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que recordó que el Decreto no sólo facilita la salida de las empresas sino también la vuelta y zanjó: "No se va a hacer".

La entonces vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lo corroboró y planteó que las empresas tienen libertad para hacer lo que consideren.

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