El juez Manuel García-Castellón ha puesto contra las cuerdas al socio de 'forensic' de PwC Javier López Andreo durante su interrogatorio y después de que éste se negara a entregar parte de la información recabada para Garrigues y BBVA dentro del marco de la investigación. El perito, que a su vez es testigo, quiso escudarse en el secreto profesional, pero el magistrado y el ministerio fiscal le negaron este derecho pues su profesión carece de él.
PwC tendrá que entregar al juez los 223 correos que aún no ha adjuntado a la causa y que fueron analizados. Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, el representante de la 'big four' habría sostenido que estos emails carecen de valor para la investigación porque en su mayoría contienen felicitaciones navideñas y documentación del 'caso Nóos' en el que Manos Limpias quiso imputar a directivos del banco.
Aún así, García-Castellón ha exigido que se entreguen para ser revisados. Javier López Andreo ha pedido dos semanas, pero el magistrado le ha dado un 'ultimatum' de sólo siete días. De hecho, el juez llegó a advertirle de que podría estar incurriendo en un delito de desobediencia.
Este martes ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional Alberto García Martin, jefe de López Andreo. Su interrogatorio ha sido más breve, de apenas unas tres horas, y menos tenso que el de su compañero, pues se basó en preguntas más técnicas sobre cómo se realizó el 'forensic'. No obstante, los fiscales del caso volvieron a preguntar por los correos 'olvidados' y recordaron la necesidad de incluirlos en la causa.
Sólo el 10% de la información
En su primera declaración, Andreo reconoció que el 'forensic' sólo había analizado el 10% de la información con la que cuenta el banco. Al inicio de la investigación, PwC ofreció a los abogados de la entidad (Garrigues y Uría) un mapa de calor con todas las líneas de investigación que proponían realizar y que suponía la revisión de un total de 2,3 millones de hits (ítems a revisar).
Según las estimaciones proporcionadas por la consultora, el tiempo de ejecución de esta revisión ascendía a dos años. En este contexto y ante la necesidad de dar respuesta a los requerimientos judiciales, los abogados de la defensa proporcionaron a la firma unos criterios de priorización que "maximizaban la posibilidad de obtener información relevante para el caso", explican fuentes de BBVA, que añaden que "en ningún momento se descartó la revisión del resto".
De hecho, el banco ha añadido líneas adicionales a la investigación como consecuencia de peticiones del propio Juez. El informe de PwC lo encargó a comienzos de 2019 el actual presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, si bien antes, con Francisco González en la presidencia del banco, hizo abrir una investigación interna.
