Poco se conoce de las más de 31.000 personas físicas y jurídicas que se acogieron a la amnistía fiscal en el año 2012. Lo cierto es que el artículo 95 de la Ley General Tributaria confiere un carácter confidencial a este tipo de información y que el Gobierno es especialmente cauto cuando aprueba este tipo de medidas tan polémicas, pero inevitablemente algunos nombres acabaron llegando a las redacciones de los principales medios del país.
Precisamente este periódico fue el primero en publicar que el artífice de la política económica en los tiempos de José María Aznar, el exministro Rodrígo Rato, se acogió a este proceso. De hecho, Rato acabó formando parte del grupo de 705 contribuyentes investigados por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) por ser sospechosos de haber cometido blanqueo de capitales.
Y según publicó el diario La Vanguardia unos días después, Rato se acogió a la amnistía en el mes de noviembre, en el último momento y tras consultar previamente con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Regularizó 115.333 euros y pagó a Hacienda 11.500 euros, el 10% de lo aflorado, aunque surgieron muchas dudas sobre si había declarado todo lo que ocultaba o no, teniendo en cuenta el elevado patrimonio del también expresidente de Bankia.
Bárcenas aseguró que había regularizado 10 millones a través de la amnistía, pero Montoro siempre lo negó
Pero no solo se conoce el nombre de Rato, también fue muy sonado el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas, puesto que él mismo declaró haberse acogido a la amnistía fiscal de Montoro para regularizar 10 millones de euros. El ministro, en cambio, lo negó tajantemente en multitud de ocasiones. ¿Por qué este cruce de declaraciones? Probablemente es un problema de titularidad. Puede que el nombre de Luis Bárcenas no figure en la lista de personas físicas que se acogieron a la amnistía, como sostiene Montoro, pero sí podría haberse beneficiado de la misma a través de la empresa uruguaya Tesedul.
Iván Yáñez, apoderado de Bárcenas, es otro de los nombres que llegó a la prensa en el año 2015, así como dos de los hijos de Jordi Pujol: Oleger y Josep Pujol, que participaron en el proceso. Y muy sonado también fue el caso de Diego Torrres, exsocio de Iñaki Urdangarín, que aseguró haber regularizado 160.000 euros de una cuenta que tenía en una entidad financiera en Luxemburgo. Los nombres del expresidente de Martinsa Fadesa, Fernando Martín, y el exlíder sindical José Ángel Fernández Villa, también salieron a la luz.
La esposa de Cañete
Otro caso llamativo fue el de Micaela Domecq Solís-Beamont, la esposa del exministro de Agricultura Miguel Ángel Arias Cañete, que también se acogió al proceso unos meses después de que su marido participara en el Consejo de Ministros que lo aprobó. Esto levantó también muchas críticas al Gobierno por el mal ejemplo que da aprobar una medida tan polémica y que un familiar directo de alguien que forma parte de ese mismo gobierno, se beneficie de ella.
Micaela Domecq, de hecho, forma parte también de ese listado de 705 PEP (Personas Expuestas Políticamente) que investiga el Sepblac. Entre estas personas hay ciudadanos que ocupan cargos políticos, públicos o que incluso forman parte del aparato judicial español. Y también sus familiares, así que podrían salir a la luz muchos más nombres controvertidos.
Y hace pocos meses, la investigación llevada a cabo por eldiario.es titulada 'Los papeles de la Castellana' publicó una amplia lista de las grandes fortunas y personas de interés público que se habían acogido a la amnistía, como Alicia de Borbón Habsburgo, Carlos de Borbón dos Sicilias, Pedro de Borbón Dos Sicilias, Antonio Gallardo (copropietario de Almirall), Jorge Gallardo (corpropietario y presidente de Almirall), Vicente Viallagrá Blanco (presidente de Pipas Facundo) o Isabel Fernández de la Mora (hija de Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas durante el franquismo), entre muchos otros.
