El cambio de Gobierno tras el triunfo de la moción de censura promovida por Pedro Sánchez ha provocado el habitual relevo en la cúpula de las empresas públicas cuando cambia el inquilino del Palacio de la Moncloa. Una oportunidad para colocar a afines y cercanos colaboradores de los nuevos miembros del Ejecutivo pero que ha perdido parte del atractivo económico de antes, probablemente con una clara excepción: Red Eléctrica, que en esta ocasión se ha revelado como el auténtico sillón de oro para el Gobierno de turno.
Tras el triunfo por mayoría absoluta del Partido Popular en las elecciones de finales de 2011, el Ejecutivo resultante dedicó los primeros consejos de ministros de la recién estrenada legislatura a disparar toda una batería de medidas y reformas anticrisis debido a la delicada situación en la que se encontraba el país. Entre estas medidas, aprobó por Ley unas estrictas limitaciones a los sueldos de la alta dirección de las empresas contraladas mayoritariamente por el Estado.
Una normativa que pretendía poner coto a la sangría de dinero público que suponían las habituales revisiones al alza de los sueldos en estas compañías. Aquellos agraciados con un cargo importante en empresas públicas veían cómo eran recibidos en su llegada al puesto con un notable incremento de sus emolumentos y, además, como sistema de protección, también se aseguraban una notable indemnización en caso de cese por la llegada de un Gobierno de signo contrario.
Sin embargo, estas prácticas quedaron en el olvido a partir de 2012. Y ésta ha sido la primera ocasión en la que se ha puesto a prueba ante un escenario de cambio de signo político en el Ejecutivo. Han cambiado los nombres, en ocasiones los esquemas de los organigramas, pero los sueldos siguen limitados. Y también las indemnizaciones por cese, que pasaron de 45 días por año a tan sólo siete.
La denuncia del Tribunal de Cuentas
Así ocurre incluso en grandes compañías cotizadas en las que el Estado tiene una participación mayoritaria, con Bankia y AENA como ejemplos más significativos.
En este escenario, la excepción lleva el nombre de Red Eléctrica, a la que no alcanzan los efectos de la Ley, toda vez que la participación del Estado dista de ser mayoritaria al situarse en el 20%. Así, en la gestora de la red de electricidad española pueden contemplarse sueldos en el entorno del medio millón de euros para el presidente, aunque es un cargo no ejecutivo, y cercano al millón de euros para el consejero delegado.
El Tribunal de Cuentas llegó a denunciar la existencia de casos de altos directivos de empresas públicas a los que cesaron poco antes de entrar en vigor la Ley de 2012 para que no les afectara y pudieran cobrar la indemnización contemplada anteriormente. Algo que ya no será posible que suceda.
La situación que quería AENA
Realmente, el Estado sigue manteniendo un control efectivo sobre Red Eléctrica. La prueba es que los presidentes de la compañía se relevan a golpe de cambio de Ejecutivo. Sin embargo, la flexibilidad en cuanto a cuestiones salariales y de gobierno corporativo es mucho mayor. Es la situación que, en su día, persiguió José Manuel Vargas para AENA cuando era su presidente: que la compañía pudiera funcionar en determinadas cuestiones como una empresa privada, especialmente para ser más competitiva en materia salarial y evitar la fuga de talento.
Para ello era necesario que el Estado perdiera la mayoría accionarial que aún mantiene en el gestor aeroportuario (además, por Ley). Vargas no lo logró. Puede que, de haberlo conseguido, el sillón de AENA también se hubiera convertido en el gran objetivo tras un cambio de Gobierno.
Por lo pronto, la presidencia de Red Eléctrica ha ido a parar a Jordi Sevilla, estrecho colaborador del actual presidente del Gobierno. No ha sido el único que ha conseguido un premio pero, a buen seguro, se ha hecho con el extraordinario.
