La determinación de Pedro Sánchez de incrementar la carga fiscal de las grandes corporaciones españolas ha hecho saltar las alarmas en el sector empresarial, que aprovecha la oleada de ruedas de prensa que tienen lugar en la última semana de julio, con motivo de la presentación de los resultados semestrales, para expresar en público sus desavenencias con las pretensiones del Ejecutivo.
La reforma que plantea el Gobierno del PSOE gira sobre tres aspectos clave: introducir un impuesto de nueva creación para las grandes tecnológicas, aplicar un tributo finalista sobre la banca con el objetivo de levantar 1.000 millones de euros con los que financiar las pensiones y reformar el impuesto de sociedades para establecer un tipo efectivo mínimo que no sea en ningún caso inferior al 15%.
A falta de mayor concreción por parte del Ejecutivo, el consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, amenazó ayer con sacar de España la sede fiscal del banco ante la posibilidad de que se aplique algún tipo de gravamen sobre el beneficio consolidado del grupo. "No me parece justo que sobre dividendos que traemos de Brasil tengamos una nueva tasa, eso podría llevar a que las empresas no sean tan multinacionales o se piensen su estructura legal", espetó.
Créditos fiscales
Para limitar las exenciones que permiten a las empresas rebajar la factura del impuesto de sociedades, cuyo tipo general se sitúa en el 25% y para la banca en el 30%, una de las alternativas que gana fuerza en el Gobierno de Pedro Sánchez es la posibilidad de 'neutralizar' el uso de los activos fiscales diferidos (DTAs, por sus siglas en inglés), conocidos también como créditos fiscales, cuando su activación permita a una empresa reducir el tipo efectivo del tributo por debajo del 15%, lo que tendría un efecto negativo sobre el resultado de las empresas.
Según cifras recopiladas por El País, las compañías que componen el Ibex 35, acumulaban en sus balances a cierre de 2017 cerca de 100.000 millones de euros en créditos fiscales, provenientes de pérdidas, saneamientos y aportaciones a planes de pensiones realizados en ejercicios anteriores.
El tratamiento de estos activos es uno de los aspectos que más complica la reforma del impuesto de sociedades, ya que reducir el tipo nominal al que se deducen las compañías los créditos fiscales, o eliminar esta deducción, podría suponer un importante quebranto para el sector financiero. De hecho, fue uno de los factores por los que, en 2014, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no aplicó sobre la banca la rebaja del impuesto de sociedades del 30% al 25%.
El propio presidente de la CEOE, Juan Rosell, ya advirtió la semana pasada al Gobierno de que incrementar la carga fiscal a las empresas elevando el impuesto de sociedades, lastraría su competitividad, retraería la inversión e, incluso, terminará afectando al empleo.
Impacto en la banca
Los cálculos de Goldman Sachs estiman que las principales entidades financieras españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter y Unicaja) acumulaban algo más de 37.000 millones de euros en DTAs monetizables a cierre de 2017. Los DTAs monetizables -exigibles frente a Hacienda- cuentan con garantía estatal y la legislación permite desde 2013 que computen como capital de máxima calidad (CET1) a cambio del pago de una tasa del 1,5%.
Revisar el tipo impositivo sobre el que están calculados los DTAs implicaría que los bancos perdieran miles de millones de euros de capital, pudiendo llegar a comprometer la solvencia de algunas entidades
Revisar el tipo impositivo sobre el que están calculados estos activos, podría implicar que los bancos perdieran miles de millones de euros de capital, pudiendo llegar a comprometer la solvencia de algunas entidades. "Si ahora revisamos el pasado, la seguridad jurídica sería baja", advirtió ayer el consejero delegado de Santander.
Por tanto, otra de las opciones que está encima de la mesa es que el Gobierno aumente la tasa del 1,5% que pagan los bancos por los créditos fiscales monetizables, lo que incrementaría la recaudación y podría ser visto como el 'impuesto a la banca' prometido por Pedro Sánchez. Según los cálculos del banco de inversión estadounidense, para recaudar 800 millones de euros adicionales mediante este gravámen, la tasa se tendría que elevar un 2,14 puntos porcentuales, hasta el 3,64%.
