Luz verde a la reforma para poner freno al exceso de temporalidad en la Administración. El Ministerio de Función Pública y los sindicatos han acordado este lunes el texto final para terminar con los interinos en fraude de ley, poniendo en marcha un nuevo proceso de estabilización e indemnizando a aquellos que pierdan la plaza.
Son dos de los puntos más relevantes del borrador en el que han estado trabajando el ministerio que dirige Miquel Iceta y los representantes de los empleados públicos, que han acordado además fijar en 3 años el periodo máximo por el que un interino puede serlo. Este martes, está previsto que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros la reforma elaborada por Función Pública.
El pacto con sindicatos ha llegado en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada este lunes, que ha estado presidida por el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos. Dicha Mesa integra a representantes de todas las administraciones públicas y de los sindicatos, y el único punto del orden del día ha sido el "plan de choque" para reducir la temporalidad.
"Con el objetivo de reducir la temporalidad por debajo del 8% de las plazas de carácter estructural en todas las Administraciones, se articulará un nuevo proceso de estabilización de empleo temporal", reza el texto del acuerdo, que ha sido consultado por Vozpópuli. Cabe recordar que, según los datos aportados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, la contratación temporal en este ámbito se sitúa ya en el 30%, casi diez puntos por encima del sector privado.
De forma paralela, el acuerdo firmado por Gobierno y sindicatos contempla ya un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable".
El proceso de estabilización "afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los Acuerdos para la Mejora del Empleo Público de los años 2017 y 2018", apunta el texto.
Así, los contratos temporales tendrán una duración máxima de 3 años, y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público antes de que concluya ese periodo. Durante ese tiempo, el interino tendrá asimismo garantía de permanencia en su puesto de trabajo "siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo".
El Gobierno indemnizará a los interinos que pierdan su plaza
Según el acuerdo al que han llegado Función Pública y sindicatos, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. "Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores", apunta CSIF.
En los procesos de estabilización del personal temporal por primera vez se valorará la experiencia adquirida en el puesto con hasta un 40% en el cómputo global. "Sin perjuicio de lo establecido en su caso la normativa propia de función pública de cada Administración o la normativa específica, los procesos se desarrollarán a través de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40%, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente", apunta el borrador. El Gobierno dejará en manos de las comunidades autónomas y entidades locales que los concursos-oposición que se convoquen para la estabilización de plazas no solo tengan en cuenta la experiencia, sino que puedan ser solo concursos.
No obstante, las personas que están en situación de temporalidad y que no superen este proceso selectivo serán incluidas en bolsas de trabajo y también recibirán una compensación económica (de 20 días por año) "por los años en situación de abuso de su contrato temporal". Además, los procesos selectivos irán unidos a procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera "para preservar también las aspiraciones legítimas de este colectivo", incide CSIF.
Consulta con comunidades
Con todo, el proceso se ha dilatado algo más de lo que Iceta preveía, como consecuencia en parte de las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas.
Aunque el objetivo del Gobierno era que la reforma fuera "homogénea" y se aplicara por igual en toda España, está pendiente de conocerse qué van a hacer comunidades como el País Vasco, que tras los encuentros mantenidos con Función Pública hablaban ya de "invasión de competencias".
