Si un trabajador de 50 años y 10 de antigüedad en una empresa fuera despedido la semana pasada y fuera indemnizado con 100.000 euros, hasta entonces, el importe de la indemnización abonada, dentro de los límites establecidos en la normativa laboral, quedaba exento de tributación. Pero si le ocurriera ese evento a partir de ahora se encontraría con que sólo el 21,82% estaría exento, es decir, 2.182 euros, conforma puede verse en la tabla adjunta debajo. Por tanto, 10 años x 2.182 euros= 21.820 euros que no tributarían.
Los restantes 78.180 euros, al estar por encima de la cota de los 60.000 euros a los que se aplica el tipo máximo, tributarían el 47%. De esta manera, Hacienda se quedaría con 36.744 euros. Al trabajador despedido le quedarían, en lugar de 100.000 euros limpios, 63.256. Una diferencia descomunal para un ciudadano, sobre todo si tiene ya una cierta edad.
Sorpresa
El lunes corría el estupor entre los grandes despachos fiscalistas con la medida anunciada ese mismo día sobre la nueva fiscalidad a los despidos. Desde una de las big four no dudaban en señalarla como “cruel”, especialmente para los trabajadores de cierta edad que son los que pueden obtener indemnizaciones más elevadas: “muerde el capital con el que cuenta un trabajador despedido para afrontar su futuro, de una manera retroactiva y con complicadísimas expectativas de recolocación. Es cruel, casi podría decirse que un crimen”.
Las fuentes añaden que “con el mercado laboral de ahora, una persona con más de 45 años tiene casi imposible recolocarse, por lo que su principal alternativa es el autoempleo. El mercado laboral es así de duro desde hace mucho tiempo. Pero si al capital obtenido por el despido se le retiene más del 40%, ¿qué puede hacer entonces esa persona? ¿Cómo arriesgar parte de ese patrimonio entonces?”
Mensaje clarito
Así, fuentes políticas indican que el Gobierno ya ha recibido el mensaje claro de que deberá renegociar esa medida, tanto por parte de los sindicatos como del propio aparato de Génova, donde no han dado crédito con una novedad tan agresiva, que puede tener un durísimo efecto electoral.
Mientras tanto, el ciudadano contempla cómo en los últimos tiempos se le ha rebajado la indemnización por despido de 45 a 33 y luego a 20 días por año trabajado.
O incluso cómo desde 1993, el perceptor del desempleo tiene también que pagar impuestos. Pedro Solbes, entonces ministro de Economía, lo explicaba en el Congreso en dicho ejercicio: "¿Por qué alguien que tiene unos ingresos de 1.200.000 pesetas en desempleo no debe tributar y sin embargo quien los obtiene trabajando sí debe tributar? No parece coherente".
Como decían las fuentes consultadas, el mercado laboral es especialmente cruel para con quien se descuelga del mismo. Cada vez más.
