El pasado viernes, un Real Decreto-Ley que mezclaba churras con merinas –medidas para fomentar el empleo joven con otras dirigidas al sector ferroviario- puso freno a la marcha que emprendió Fomento hace menos de un año para liberalizar el transporte de viajeros por ferrocarril. El decreto vino a decir, básicamente, dos cosas: que los trenes de España se parecerán más a los de la vecina Francia (completamente públicos) que a los de Inglaterra (cuya red de vías, totalmente privatizada por John Major, es el hazmerreír de Europa) y que el grado de competencia que tendrá Renfe será insignificante, al menos en los primeros años.
Fomento reacciona así a la cerrazón de Francia y Alemania con sus mastodontes ferroviarios, SNCF y Deutsche Bahn. París y Berlín rechazaron a finales de 2012 cualquier movimiento liberalizador ligado a sus operadores frente a España, que partirá Renfe en cuatro el próximo 31 de julio. Ese día, el ente estatal se abriría a la competencia con actores privados y públicos extranjeros. Pero todo cambió el viernes: el Real-Decreto Ley confirma que Renfe conservará la patente para disponer trenes al público y vender pasajes. El Gobierno irrumpió con una nueva exigencia, el “título habilitante” que precisará toda compañía que termine circulando por los raíles españoles. Un obstáculo inesperado que coloca la ministra Ana Pastor ante las alarmas por la ventaja competitiva que adquirirían otros países si se parte Renfe tan rápido.
La norma, introducida de tapadillo en el cuarto punto del RD, trae cambios sustanciales: “El Consejo de Ministros”, reza el texto, “determinará el número de títulos habilitantes a otorgar para cada línea o conjunto de líneas en las que se prestará el servicio en régimen de concurrencia, así como el período de vigencia de dichos títulos habilitantes”. La medida ha sentado como un tiro entre las firmas que esperaban competir pronto con Renfe y Adif, según ha constatado este medio entre varias partes consultadas. Acciona, Ferrovial, ACS, FCC, Alsa, Veolia, OHL, Comsa o Avanza. Las propias compañías públicas de trenes germana y gala. Todas creen que la “liberalización sui géneris” del PP conllevará más lentitud en el proceso.
Fuentes de Renfe opinan que la concesión de títulos habilitantes afectará a los trayectos más rentables, que no se consideran –por ley o porque no lo necesitan- Obligación de Servicio Público, con la lógica subvención estatal para poder operar. Éstos son, principalmente, los trenes de alta velocidad y varios de Larga Distancia, los más jugosos para las empresas.
Renfe Operadora no necesitará poseer tal título para optar a los concursos. “[Renfe] dispondrá de un título habilitante para operar los servicios en todo el territorio sin necesidad de acudir al proceso de licitación”. En el sector privado se critica que es otra ventaja discriminativa contra la libre competencia. Otro punto dice que “el otorgamiento de los títulos habilitantes se llevará a cabo por el Ministerio de Fomento a través del correspondiente procedimiento de licitación”.
