La Justicia de Estados Unidos avisó este viernes a España que tiene potestad para hacerle pagar los laudos arbitrales que ha perdido por retirar las primas a las renovables hace una década. Tal y como adelantó Vozpópuli, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha desestimado los argumentos de inmunidad que el Reino de España había invocado. Algo que es oxígeno para los ‘rivales de España’. Estas empresas y fondos con victorias arbitrales contra España van a aprovechar este impulso para subir su agresividad.
Según explican fuentes cercanas a las empresas afectadas por los impagos, la negativa de los jueces estadounidenses a los argumentos de España relacionados con el derecho de la Unión Europea abre paso a la sentencia formal contra la defensa que está liderando la Abogacía del Estado. "El próximo paso sería embargar activos, en caso de que España se niegue a cumplir", sentencian las mismas fuentes.
España tiene una factura pendiente de pago de hasta 1.300 millones por estas derrotas arbitrales. En concreto, los tres casos analizados el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, son el laudo a favor de Nextera, al que se ordena el pago de 290,6 millones de euros por parte de España a una de las mayores compañías energéticas del mundo. Los otros dos laudos ratificados incluyen 41 millones de euros a favor del fondo luxemburgués 9REN Holding y 26,5 millones de euros a favor de AES, este último asumido por el fondo Blasket Renewable Investors.
Y esta sentencia que llega desde Columbia sienta precedente. Estos ‘rivales’ de España consideran que, al igual que otros países deudores como Argentina o el procedimiento de conciliación que afecta actualmente a los activos venezolanos en Estados Unidos, el Gobierno que lidera Pedro Sánchez tiene que “sentarse” y “resolver este lío ahora”.
"Teresa Ribera tiene una propuesta en la mesa para solucionarlo, permitiría la reinversión verde en España, como se discutió anteriormente en nuestro evento del 30 de mayo en Madrid. La ministra debe actuar ahora y poner fin a esta vergüenza nacional", aseguran fuentes cercanas a las empresas afectadas por los impagos.
El Gobierno defiende su estrategia
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican a Vozpópuli que los abogados del Estado están analizando esta sentencia, una situación que se generó “debido al cambio de normativa impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013”. La postura del equipo energético del Gobierno es que este asunto se produce porque el entonces ministro José Manuel Soria decidió que recortar las primas a las renovables, que promovió el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero, era ir en “buena dirección”.
El equipo de Soria ya asumió entonces que iba a dejar a muchos promotores “colgados”. El Gobierno, con Teresa Ribera a la cabeza en este asunto, considera que esta problemática es “una situación heredada” y su equipo ha adoptado “medidas adecuadas” para compensar las políticas del anterior Ejecutivo y, destaca, que ahora “está defendiendo los intereses del país”.
Frente a los datos de los afectados, el Gobierno asegura que su estrategia de no pagar ‘un solo euro’ de estos laudos es un éxito. Fuentes del Ministerio afirman que España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales, sobre reclamaciones de 10.635 millones, y las indemnizaciones reconocidas ascienden apenas a 1.500 millones.
El plan que ejecuta la Abogacía del Estado se ha acompañado con medidas compensatorias desde el Ministerio para la Transición Ecológica, entre las que figura la norma aprobada por el actual Gobierno en 2019 para garantizar a las plantas afectadas una rentabilidad del 7,4% hasta 2031. Un plan que “ha frenado radicalmente”, según se considera desde el Ministerio, las reclamaciones y las indemnizaciones siguen una tendencia descendente.
