La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha sondeado al Fondo Monetario Internacional y al secretario del Tesoro estadounidense sobre la posibilidad de que se conceda a España unas líneas de liquidez para evitar un rescate forzoso. El mecanismo consistiría en obtener un préstamo a seis meses, un año o incluso dos para luego devolverlo cuando los mercados se reabran y el país pueda emitir deuda por sí solo. De esta forma, se podría financiar la recapitalización de Bankia.
Bajo este esquema, resulta esencial que no exista la condicionalidad típica de los programas del FMI, porque entonces se asustaría aún más a los inversores. Los paquetes de medidas habituales del Fondo suelen conllevar importantes exigencias de reformas y recortes presupuestarios a cambio de recursos y siempre dan prioridad al cobro de sus préstamos frente a los de los acreedores privados, quienes suelen acabar soportando las quitas. Precisamente por este motivo terminan provocando una estampida de la inversión y ahogando aún más a las economías rescatadas.
Sin embargo, existen dos líneas de crédito del Fondo que no requieren condiciones. Y de hecho fueron modificadas en diciembre para que se puedan utilizar por países con una trayectoria reconocida a la hora de aplicar políticas económicas. Pese a que la versión oficial afirma que la vicepresidenta acudió ayer a Washington para explicar las reformas, fuentes cercanas al Gobierno admiten que Sáenz de Santamaría plantearía durante sus reuniones con Christine Lagarde y Timothy Geithner la hipótesis de que se empleen algunas de estas líneas, o la Flexible Credit Line o la Precautionary and Liquidity Line.
La Flexible Credit Line no impone condición alguna salvo un buen currículum aplicando reformas y presta a uno o dos años con posibilidades de renovación. La Precautionary and Liquidity Line entraña que un país implemente medidas para corregir sus desequilibrios a posteriori e incluye el estrés financiero como una causa suficiente para solicitarla.
España es el decimotercer miembro del FMI por el volumen de sus contribuciones y la regulación de esta institución permite que se dé a un socio temporalmente en dificultades el 180 por ciento de sus aportaciones. Con más de 10.000 millones de cuota, nuestro país podría contar con casi 20.000 millones, una cifra superior a los 12.000 que se precisan captar para Bankia.
Según un experto consultado, esto sería “peanuts” o poca cosa para el Fondo, sobre todo si se compara con los 300.000 millones que exigiría un rescate de España a tres años. Una cantidad que con otros tres salvamentos en curso -los de Grecia, Portugal e Irlanda- forzaría al límite los recursos del FMI y la UE. Justo lo que sugería ayer un artículo del Wall Street Journal que alertaba sobre los planes de contingencia que estaba preparando el FMI para España.
Estas reuniones de la vicepresidenta en Washington se sucedían poco después de que la UE pidiese a España que presente pronto un plan de recapitalización para Bankia. El Gobierno sigue coordinándose con la Comisión y otros Ejecutivos europeos para elaborar unas propuestas de reforma financiera que puedan digerir los alemanes. En principio, se está forjando un cierto consenso en torno a la idea de que se instaure en la eurozona un sistema de resolución de crisis bancarias, tal y como han propuesto ya Monti, Barroso e incluso Draghi.
Sin embargo, resultaría mucho más rápido y tranquilizador para los mercados que se habilite al mecanismo de rescate permanente de la UE de modo que pueda inyectar dinero a las entidades que lo requieran sin que medie una petición de los Estados.
Por el momento, los germanos sólo aceptarían la creación una autoridad bancaria reforzada, un fondo de garantía de depósitos paneuropeo y una suerte de instrumento europeo que inyecte capital en las entidades insolventes. El inconveniente para España es que estas iniciativas tardarán tiempo, algo que el Gobierno español ya no tiene. De ahí la necesidad de buscar otras vías como las del FMI.
Algunos expertos apuntan, no obstante, que la petición de una ayuda al FMI y los estadounidenses puede representar una afrenta para los socios europeos. Además, en cuanto se hagan públicas las auditorías externas, tendremos que hacer frente según fuentes bancarias a un total de 60.000 millones de necesidades de capital para el conjunto del sector financiero.