La más que posible nacionalización de las concesiones de autopistas en situación de quiebra promete dar trabajo extra tanto a la Abogacía del Estado como a los servicios jurídicos de las concesionarias. El Gobierno está dispuesto a poner en marcha los mecanismos para recuperar dichas concesiones pero ni mucho menos a cualquier precio. Mientras que las compañías consideran que la compensación del Estado en este caso debe estar en el entorno de los 5.500 millones de euros, la indemnización del Gobierno no va a superar los 2.500 millones. Una discrepancia que pone a este asunto camino de los tribunales.
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, dio por hecho este lunes que el Estado terminará por asumir el control de las nueva concesiones de autopistas peaje que se encuentran actualmente en situación de concurso de acreedores (tres de ellas incluso en liquidación). En una entrevista concedida a TVE, De la Serna no cerró la puerta a negociar un convenio con los acreedores, aunque señaló que resulta muy difícil porque algunos bancos han vendido ya la deuda a fondos de inversión. Y la negociación con este tipo de fondos es poco menos que imposible, dado que su objetivo al adquirir la deuda no es precisamente refinanciarla.
De esta forma, la solución del Gobierno para recuperar las concesiones pasa por poner en marcha el mecanismo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una garantía del cobro de las obras e inversiones de las concesionarias en el caso de que los contratos sean resueltos, contemplada en el ordenamiento jurídico desde 1973. La normativa establece que la Administración debe devolver al concesionario las inversiones hechas en la autopista por la expropiación de terrenos, realización de obras de construcción e incorporación de bienes necesarios para la explotación.
Es precisamente en esos cálculos donde se plasmarán las discrepancias entre el Estado, el propietario último del activo, y las sociedades concesionarias. Según ha podido saber Vozpópuli, el Gobierno estima que la RPA que corresponde a las sociedades en quiebra no supera los 2.500 millones de euros.
El Estado quiere salir ganando
Una cifra que también explica el optimismo expresado por De la Serna en la citada entrevista, en la que aseguró que el Estado podría incluso salir ganando con la nacionalización de las concesionarias en función de cómo evolucionen los tráficos, toda vez que la Administración pasará a gestionar las vías y, por lo tanto, a cobrar los peajes. Fuentes del sector aseguran que para el Estado sería imposible recuperar la cantidad que piden las concesionarias en concepto de RPA aunque el volumen de tráfico se disparara a cotas insospechadas.
Las palabras del ministro De la Serna han generado polémica toda vez que su antecesora, Ana Pastor (ahora presidenta del Congreso de los Diputados) aseguró en numerosas ocasiones que la solución a la crisis de las autopistas de peaje no tendría coste alguno para los ciudadanos.
De hecho, el PSOE ha solicitado la comparecencia urgente de De la Serna en el Congreso para explicar por qué las arcas públicas deben sufragar este coste. La normativa establece que, en el caso de resolverse un contrato de concesión, el Estado no puede retomar el activo de forma gratuita toda vez que estaría enriqueciéndose a costa un particular. Las concesionarias costearon en su día las obras, así como los costes de explotación. El régimen de concesión les permite amortizar las inversiones a través del cobro de los peajes.
Críticas de la oposición
En este caso, el problema estuvo en la planificación de las autopistas, en las previsiones de tráficos (netamente infladas) y en los sobrecostes derivados de las expropiaciones de terrenos. Un cóctel explosivo que ha derivado en un escenario que se avecina aún tormentoso durante mucho tiempo.
Por el momento, las concesionarias guardan un prudente silencio y se mantienen a la expectativa de que el Gobierno tome una decisión definitiva. Pero desde hace tiempo están preparadas para la batalla judicial. No aceptarán cualquier RPA. Y mucho menos, una que no alcance ni la mitad de lo que estiman que les corresponde.
