La situación de Patrimonio Comunal Olivarero, una fundación relacionada con el Ministerio de Agricultura, es kafkiana. Fue creada en la primera época franquista, al igual que las Hermandades de Labradores y Ganaderos o que el Servicio Nacional del Trigo. Su objetivo, en años de autarquía, era tener almacenes para aceite de oliva en caso de que hubiera sobreproducción, y poder tirar de ellos en épocas de escasez. Aquellos viejos almacenes, situados en Pinto (Madrid), Mora (Toledo), Villafranca de Barros (Badajoz) y en pueblos de Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga y Granada como Lucena o Baena hace tiempo que no tienen ninguna función. Hoy se mantienen como reliquias de un tiempo pasado, en general en muy mal estado de conservación aunque algunos se han renovado.
La fundación se resistió a morir con el fin de su cometido social y su obsolescencia no ha impedido que una cincuentena de personas sigan cobrando cada año de ella sueldos no precisamente bajos: 53 personas cobran 2,6 millones de euros al año y un informe de PwC estableció que sus sueldos eran un 30% superiores de media que se pagaba en el sector privado por funciones similares. Según aseguran, esta fundación hace años que no recibe un euro de subvenciones, y lo que hace es gestionar unos fondos que se obtuvieron hace décadas, cuando sí tenía sentido su existencia.
La fundación administra unos 24 millones de euros que tiene en su poder desde hace años
Muchos creen que Patrimonio Comunal Olivarero debería disolverse con sus aproximadamente 24 millones de euros en líquido (obtenido de aportaciones del sector olivarero durante décadas). Pero en tal caso, el dinero iría a parar al erario, algo que bajo ningún concepto quiere permitir el director general de Patrimonio, Álvaro González Coloma, con quien este diario ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones obteniendo la negativa a hablar como respuesta.
"Las personas que están al mando de la fundación bajo ningún concepto quieren tirar la toalla y se empeñan en buscar funciones para justificar que siga existiendo y por supuesto sus sueldos, de 6 cifras, por un trabajo que a día de hoy y durante los últimos años ha sido inexistente”, asegura a este diario un importante empresario del sector embotellador. González Coloma lleva años ganando más de 120.000 euros aunque pretende dejar encarrilado el futuro de la fundación antes de jubilarse, algo que lleva esperando unos años. Sin embargo, en el sector consideran que su situación ahora mismo es ventajosa, con un sueldo muy superior al que tendría una vez jubilado y una carga de trabajo limitada o incluso inexistente. Su tren de vida, con gustos caros como el patronaje de barcos que muestra en sus propias redes sociales, debería adaptarse en la jubilación a unos ingresos menores.
Intento de compra inmobiliaria
Ante la falta de funciones reales, Coloma intentó pasarse al sector inmobiliario, poniendo a la venta y vendiendo un edificio en la calle Prim,12 de Madrid donde también reside la Interprofesional del Aceite de Oliva, cuyo presidente Pedro Barato ha declinado hablar con este diario. El comprador ha sido el Consorcio de Seguros, empresa pública que se encarga de cubrir aquellas incidencias que los seguros privados descartan. La situación de Patrimonio y de la interprofesional del aceite de oliva, organización que está puerta con puerta con la fundación y a la que esta cobraba un alquiler irrisorio por el uso de sus oficinas, queda así en el aire al menos en lo que respecta a sus oficinas.
Agricultura pensó que darle la posibilidad de comprar inmuebles era una decisión polémica que había que evitar
En la fundación tomó popularidad la idea de usar el dinero de caja para la compra de propiedades inmobiliarias, principalmente en Madrid. Sería, consideraban, una forma de obtener mejor rentabilidad a su dinero que los nimios depósitos que estaban pagando los bancos por él. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura frenó esta posibilidad. Por ser una organización tan antigua (convertida en fundación en 2002) tiene muy constreñido lo que puede hacer y lo que no. E Isabel García Tejerina pensó que darle la posibilidad de comprar inmuebles para utilizarlos como rentista podía ser una decisión polémica por salirse del cometido original de la fundación. Un riesgo reputacional innecesario para el Gobierno que fue rechazado en verano, cuando aún estaba en funciones.
De este modo, la sinpar fundación Patrimonio Olivarero, una reliquia del pasado que se resiste a morir, que tiene pérdidas año sí y año también y que gasta dos tercios de su presupuesto en los sueldos de sus propios empleados, tendrá que seguir como hasta ahora, con unas funciones poco claras, escasos ingresos pero bastantes gastos. Aseguran en el sector, eso sí, que no cuesta un euro a los contribuyentes puesto que "no tiene subvenciones públicas". Tendrá que ser el propio sector olivarero, de cuyas aportaciones originales hace décadas surgió el patrimonio de Patrimonio cuando aún era una institución con funciones reales en una económía planificada, quien decida sobre su futuro, si pretende seguir manteniendo la fundación o prefiere ponerle fin.
