Economía

Ribera asume el derecho a veto sobre las decisiones estratégicas de Repsol, Iberdrola y Naturgy

La nueva Comisión Nacional de Energía, estará adscrita al Ministerio, y se encargará de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético

  • La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera -

El Gobierno ha iniciado este martes los trámites necesarios para constituir la Comisión Nacional de Energía (CNE). Como adelantaba Vozpópuli, este movimiento dará el control total a Teresa Ribera sobre la factura de la luz, el gas y el petróleo. También le otorgará derecho a veto sobre los accionistas y las decisiones estratégicas que se adopten en los consejos de administración de gigantes del sector como Repsol, Iberdrola y Naturgy

La nueva Comisión se encargará de la supervisión de la toma de participaciones empresariales en el sector energético, dado que está considerado como un sector estratégico y el Ejecutivo se reserva esta competencia de carácter proteccionista.

En estos casos, la CNE tendrá que instruir el expediente y elevar un informe-propuesta al Ministerio para la Transición Energética que describa las características de cualquier tipo de movimiento accionarial que afecte a las compañías de este sector. Después, será el propio equipo de Ribera el que se encargue de resolver y fijar las condiciones de cualquier movimiento estratégico. 

Esta competencia ejecutiva ya la tenía CNE antes de su integración en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) en 2013. La denominada ‘Función 14’ daba la potestad al organismo de autorizar las participaciones realizadas por sociedades con actividades que tienen la consideración de reguladas en sociedades que realicen actividades de naturaleza mercantil. 

Una normativa a la que hubo que añadir la denominada ‘disposición adicional novena’ porque el Tribunal de Justicia Europeo consideró en 2007 que violaba, mediante la anterior redacción de la Función 14, de los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento en la Unión Europea. 

Naturgy con BlackRock y otros asuntos en el foco

Según los plazos previstos en el anteproyecto, la Comisión Nacional de Energía debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación. Esto quiere decir que los consejeros que sean propuestos por el Gobierno y votados en comisión parlamentaria podrán tener voz y voto sobre algunos asuntos empresariales que están actualmente sobre la mesa, pendientes de resolución.

Uno de ellos es la entrada de BlackRock en Naturgy, tras anunciar en el arranque de este año la compra del fondo GIP que controla el 20% de la gasista. El Gobierno quiere tener presencia en este movimiento, como están trasladando de forma extraoficial a los grupos de interés de Naturgy en este arranque de año. El Ministerio para la Transición Ecológica revisa que el nuevo accionista de la mayor gasista del país, clave para la entrada y salida de gas natural al país, no ponga en peligro su posición estratégica. 

Pero no es el único foco donde la CNE puede ‘incomodar’ a los accionistas de Naturgy. Ribera está en contra de la decisión que adoptaron los accionistas en 2022 de dividir la gasista en dos empresas: una que aglutine el negocio regulado y otro con los activos que operan en el mercado libre.  

Cuanto más ‘verde’, mejor

La CNE también recompensará a los consejos de administración que apuesten por lo ‘verde’. El organismo tiene, según anunciaba Ribera, el reto de garantizar el cumplimiento de la senda de descarbonización

Esta integración de la descarbonización entre los objetivos de la CNE se puede traducir en priorizar aquellos proyectos que impulsen la transición energética. Por ejemplo, a la hora de establecer la metodología de retribución de las redes eléctricas, el organismo adscrito al equipo de Ribera puede incluir incentivos para las distribuidoras que tramiten rápidamente los expedientes de conexión de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos o nuevos sistemas de autoconsumo y penalizar a aquellos que mantengan plazos temporalmente dilatados.

Por lo tanto, la nueva CNE tendrá funciones de supervisión y control tanto en el accionariado como en las decisiones estratégicas que sus dueños adopten. Y, a la espera de conocer los detalles, el sector espera que estas funciones se apliquen por un equipo de “total confianza” de Teresa Ribera. 

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