La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya anunció reiteradamente durante las últimas semanas que la estrategia que estaba diseñando el Gobierno para impulsar la lucha contra el cambio climático era muy ambiciosa y suponía todo un desafío. Una vez concretados los números del Plan Integrado de Energía y Clima, incluso se podría pensar que la ministra se quedó corta en la apreciación. Basta con comprobar el esfuerzo necesario para cumplir la hoja de ruta en lo referido a la que el Gobierno ha determinado como la fuente del futuro: la eólica. Para cumplir con lo especificado en el Plan remitido a la Comisión Europea, España deberá instalar cada año hasta 2030 una media de 2.200 megawatios, equivalente a la potencia instalada en eólica en los últimos ocho ejercicios.
El borrador del Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) entregado al fin a Bruselas contempla un incremento de la capacidad instalada en el sistema eléctrico español en el entorno del 50% hasta 2030, con algo más de 63.000 megawatios nuevos, todos ellos procedentes de fuentes renovables, que compensan los casi 14.000 megawatios que dejarán de aportar las centrales nucleares y de carbón que habrán cerrado para entonces. De esta nueva potencia instalada, el 42% deberá provenir de la energía eólica, llamada a sustituir a la nuclear como principal fuente para la generación eléctrica, lo que supone incrementar su actual potencia instalada, en el entorno de los 23.500 megawatios, hasta los 50.000 megawatios previstos en el Plan para 2030.
Estas cifras obligan a un ritmo instalador frenético para la próxima década. Como prueba, desde 2011 la potencia instalada de energía eólica en España se ha incrementado en 1.700 megawatios, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector, que calcula que para cumplir con el Plan deberían instalarse una media de 2.200 megawatios al año de aquí a 2030 para alcanzar los objetivos.
Para hacerse una idea de las magnitudes, desde 1998 se han instalado en España 22.700 megawatios de eólica, una cifra inferior a la que valdría para alcanzar las metas marcadas en el PIEC.
Una Ley sin tramitar
Para facilitar el cumplimiento de los objetivos, el Gobierno también ha trabajado en la llamada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros. Entre otros aspectos, el documento contempla la obligación por parte del Ejecutivo de poner en marcha subastas con carácter anual de, al menos, 3.000 megawatios en renovables para fomentar los avances en la penetración en el sistema de estas tecnologías.
El problema reside en que la tramitación se ha quedado la fase de anteproyecto, que ahora debe ser sometido a consulta pública durante un mes. Para cuando finalice este periodo, las Cortes ya estarán disueltas debido a la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 28 de abril. Este escenario obliga a retomar desde el principio la tramitación y un posible cambio de Gobierno modificaría los planteamientos iniciales, ya de por sí complicados.
No obstante, contando con que los resultados electorales aseguraran la continuidad del actual Gobierno, aún sería muy complicado cumplir con las metas del PIEC. Cabe tener en cuenta que para la instalación de tal cantidad de megawatios no sólo es necesaria una notable inversión (que superaría los 20.000 millones de euros en el caso de la eólica) sino también mucha agilidad en los trámites de las diferentes Administraciones Públicas. Un factor que, hasta ahora, no ha jugado precisamente a favor de la penetración de las renovables en el sistema.
Trabas administrativas
En unas jornadas sobre el sector energético organizadas recientemente por el IESE, algunos destacados representantes de la industria apuntaron a la escasa agilidad de las tramitaciones como un punto clave para explicar el retraso en la implantación de más megawatios renovables en España. "Cuando hay voluntad política, las cosas se acaban consiguiendo. Los objetivos son muy ambiciosos pero son posibles", señaló entonces Juan Lasala, consejero delegado de REE, quien recordó que el propio secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, había también mencionado la escasa agilidad de las Administraciones con los permisos como uno de los mayores problemas para el avance de las renovables.
Tras conocerse los detalles del PIEC, la patronal eólica emitió un comunicado en el que mostraba su satisfacción por los objetivos planteados por el Gobierno y aseguraba que éstos eran factibles y que la industria estaba preparada para conseguirlos.
No obstante, en España se subastaron cerca de 8.000 megawatios de renovables entre 2016 y 2017 y el ritmo de instalaciones no es precisamente halagüeño. El sistema de tramitaciones tendrá que hacerse mucho más eficiente para conseguir los objetivos y los problemas a la hora de sacar adelante el marco normativo para la transición energética suponen un lastre para ello.
Tampoco es un elemento positivo la histórica poca colaboración entre Administraciones, especialmente cuando son de distinto signo político.
