Acuciado por la presión de Bruselas ante el incumplimiento constante de los objetivos europeos para 2020, el Gobierno ha presentado en su Plan Nacional de Reformas la primera reducción de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social durante la crisis, desde el 28,2 al 28% de la población. Una exigua rebaja que pone fin al alza de más de cinco de puntos sufrida desde 2007 pero que no aleja a España de la cola de Europa en estos tristes parámetros. Incluso con uno de cada cuatro españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, la mejora de 2013 causa cierta perplejidad al observar la destrucción de empleo padecida en ese ejercicio.
“Tras un periodo en el que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social experimentó un deterioro continuado (de 2008 a 2012), los datos provisionales de 2013 indican una leve mejoría: se ha pasado del 28,2% en el 2012 al 28%. Ello a pesar del contexto recesivo y de que en 2013, según la Encuesta de Población Activa, el empleo disminuyó en 198.000 personas (un 1,17%)”, reza en el apartado de la Estrategia 2020 el Plan Nacional de Reformas enviado a la Comisión Europea hace un par de semanas.
Y añade: “La estabilización en la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social está probablemente muy relacionada con los indicios de estabilización en el mercado de trabajo que se observaron a finales de 2013 Así, según la EPA en 2013 el número de desempleados disminuyó en 69.000 personas. Se trata de la primera vez que se produce un descenso anual del paro desde el segundo trimestre de 2007”.
Esta mejora causa cuando menos cierta perplejidad si se contrasta con el hecho de que según el INE unos 700.000 hogares no reciben ningún ingreso al cierre de 2013. O que según los datos de Empleo la tasa de cobertura de la prestación de paro se ha desplomado hasta el 59 por ciento de los desempleados frente al 65,8 por ciento del 2012. Por no hablar de que el Gobierno endureció los subsidios a los parados y recortó las prestaciones, de forma que a partir del sexto mes se percibe un 10 por ciento menos.
Es más, el propio Consejo Económico y Social denunciaba en su última memoria Socioeconómica y Laboral que las rentas mínimas de inserción, uno de los principales instrumentos en la lucha contra la miseria y que corren a cargo de las CCAA, están muy castigadas por las restricciones presupuestarias. El Consejo destacaba que este colchón de última instancia dejaba fuera a un porcentaje bastante elevado de los más necesitados y que ello ha provocado que se multiplique la carga de trabajo de las entidades de carácter no lucrativo como Cáritas.
La explicación de esta levísima mejoría puede hallarse en que este indicador usado en toda la Unión Europea mide la pobreza con relación al conjunto de ingresos del país, en concreto el 60 por ciento de la mediana después de las transferencias públicas. Y al disminuir los ingresos totales, puede descender también el porcentaje de individuos en riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, este baremo recoge además las ayudas públicas, y tal y como ya hemos subrayado éstas precisamente se han recortado.
La encuesta también contempla otros factores como cuántos miembros del hogar han trabajado menos del 20 por ciento de lo que podrían o una serie de carencias entre las que se incluyen los retrasos con los pagos del alquiler, la hipoteca o los recibos, si se puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en los meses de frío, la capacidad de hacer frente a pagos imprevistos, si se toma una comida de carne o pescado cada dos días, si se cogen vacaciones fuera de casa, o si se posee una lavadora, un teléfono, una televisión o un coche.
En comparación con el resto de Europa, España se encuentra en los vagones de cola de esta estadística, muy superada por Bulgaria, Rumania y Letonia, todas por encima del 40 por ciento, pero en los mismos niveles que Lituania, Grecia, Irlanda, Italia y Polonia, entre el 25 y el 35 por ciento de la población.
De hecho, si se atiende sólo al porcentaje de población en riesgo de pobreza, España se sitúa con un 21 por ciento en el tercer puesto por la cola, sólo por detrás de Bulgaria y Rumania.
El fracaso de la Estrategia 2020
Estos indicadores han llamado la atención de la Comisión Europea, que en sus recomendaciones urge al Gobierno de Rajoy a que tome medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos más vulnerables. “El Ejecutivo comunitario ha presionado bastante para que se cumpla con los objetivos de la Estrategia 2020, en los que andamos muy rezagados”, confiesa un alto cargo de la Administración.
La Estrategia 2020 es la agenda estrella de la Comisión Barroso y consiste en una serie de metas en materia de empleo, integración social, educación, innovación, clima y energía. Y en estos momentos se antoja francamente difícil que España cumpla con la mayor parte de ellos. Así, se tendría que alcanzar una tasa de empleo del 74 por ciento en 2020 para las personas entre 20 y 64 años, cuando en 2013 apenas se tocó el 58,2 por ciento.
El gasto de España en I+D+i asciende al 1,3 por ciento del PIB frente al 3 por ciento que debería desembolsar en 2020. Pero tan imposible se hace la meta en este apartado que el Gobierno la ha relajado hasta el 2 por ciento, y ello prometiendo que el sector privado engordará su inversión desde el 0,6 por ciento actual hasta el 1,2 por ciento del PIB.
En lo que se refiere a educación, la tasa de abandono escolar temprano descendió desde el 24,9 por ciento en 2012 al 23,5 en 2013, todavía lejos de la ambición de situarse por debajo del 15 por ciento. Por el contrario, el porcentaje de personas con estudios superiores alcanza el 40,07 y se encuentra en unos niveles casi aceptables pese a que también se incumple y no logramos la meta del 44 por ciento.
Respecto a la energía, España sí que marcha en buen camino para conseguir los objetivos de consumo de energías renovables y emisiones de CO2 trazados por la UE. Pero en cambio ha tenido que recortar las metas que tasaban la eficiencia energética "por cambios en el escenario macroeconómico", según se alega en el Plan Nacional de Reformas.
